Pedraz insiste en archivar la causa por genocidio contra el líder polisario
Dos días ha tardado el juez Santiago Pedraz en archivar por segunda vez la causa por genocidio contra Gali. Si el jueves pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenaba reabrir el caso para corregir el procedimiento por el que ya la archivó el 29 de julio, el sábado Pedraz corregía esa cuestión y concluía el sumario sin procesar a Gali con los mismos argumentos que entonces. El juez instructor afirma que no se ha acreditado que Gali participara en un genocidio –delito que no prescribe en nuestro país– y se ratifica en que los demás que pesaban sobre el acusado, como asesinatos, desaparaciones y torturas en cárceles ilegales del Frente Polisario entre 1975 y 1990, ya habrían prescrito al transcurrir más de 20 años.
Gobierno que son aforados. Pero Laya ha optado por el hermetismo y, por tanto, por actuar de pretendido cortafuegos a beneficio del Gobierno PSOE-Unidas Podemos y del propio presidente.
Las constantes negativas de Laya a contestar al juez en la parte más crucial hicieron que el interrogatorio fuera especialmente tenso, según han indicado fuentes jurídicas. El magistrado le insistió para que desvelara quién estuvo detrás de esa decisión, porque su exjefe de gabinete, Villarino, ya le había dicho que Laya no actuó por su cuenta. Pero todas las veces que el juez le reiteró la pregunta se encontró en la exministra el mismo muro.
«Transparencia»
Asistida por la abogada del Estado María del Mar González Bella –que ha pedido censurar la libre información sobre el caso–, la ex titular de Asuntos Exteriores sostuvo ayer que su silencio lo ampara la ley de secretos oficiales y un acuerdo que, al respecto, adoptó el Consejo de Ministros en noviembre de 2010. El juez le insistió en que el principio de legalidad tiene primacía, pero Laya no se avino y mantuvo su hermetismo. No desveló ningún detalle. Su negativa a responder las preguntas clave contrasta con lo que luego dijo a los periodistas que la esperaban al salir del juzgado: afirmó que había acudido con «mucha tranquilidad», para aportar «transparencia» y «todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión» de las diligencias. «Todo se ha hecho conforme a la ley», insiste Laya.
La exministra de Asuntos Exteriores, de la que Sánchez prescindió abruptamente en su remodelación gubernamental de julio, se ha alineado ahora a favor del Ejecutivo del que fue despedida. Ya apuntaba en esa dirección el hecho de que Laya, hace unos días, aceptara como defensa letrada a la Abogacía del Estado. Y ahora lo ha confirmado el erial que dejó ayer su interrogatorio judicial. Prietas las filas, al menos de momento.
González Laya se negó a responder a los abogados de las acusaciones populares. Sí contestó a la breve intervención de la Fiscalía y se explayó con las preguntas de la abogada del Estado, con la que previamente había preparado la intervención. Aprovechó este turno para proclamar que no hubo nada ilegal en la introducción clandestina de Gali en España «por motivos humanitarios».
González Laya acudió asistida por la abogada del Estado que ha pedido censurar la información sobre este caso