El TC avalará la pena más dura, que recurrió el presidente cuando estaba en la oposición
Las condenas superan ya la veintena, más de la mitad por asesinar a hijos o hijastros
«Le rompieron el hígado, provocándole una hemorragia interna que causó su muerte, sufriendo la menor a consecuencia de ello un gran dolor durante un prolongado espacio de tiempo que a su vez indujo un intenso llanto». Es el relato de hechos que aparece en la última condena a prisión permanente revisable confirmada hace solo unos días por el Tribunal Supremo. La bebé tenía cinco meses cuando su madre, Irene de 19 años, y el novio de esta, Joel de 20, la asesinaron en La Matanza de Acentejo (Tenerife). Murió el 27 de mayo de 2018 y llevaban cinco días golpéandola y zarandeándola. El juez pidió a los forenses durante el juicio que, por su dureza, no mostraran las imágenes al Jurado.
El caso es un prototipo de las prisiones permanentes que se han impuesto, desde que se aprobó en marzo de 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El Pleno del Tribunal Constitucional se dispone, seis años después, a avalar esta figura jurídica. Se espera que la mayoría de los magistrados apoyen la ponencia de la vicepresidenta Encarnación Roca que propone declararla constitucional y previsiblemente uno de los ejes del debate se centrará en los plazos de revisión, fijados cuando se cumpla una parte de la condena (entre 25 y 35 años).
El recurso contra la prisión permanente fue presentado en 2016 por diputados de la oposición, entre ellos el PSOE, IU, IC V-EuiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto. En ese texto se expresaba que se sometía al preso a una «desesperanza inhumana» y se anulaba el «derecho de resocialización». El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya anunció en febrero de 2015 que iban a recurrirla e incluyó la derogación de la misma en su programa electoral. Tras llegar al Gobierno no hubo más menciones explícitas. Ni apoyos. Solo silencio.
Desde que entró en vigor, la medida se ha impuesto alrededor de veintinco veces y el Tribunal Supremo la ha confirmado de forma mayoritaria en las sentencias vistas hasta ahora. Tampoco se ha presentado ninguna cuestión de constitucionalidad por parte de los jueces que la han aplicado. Algunos TSJ sí han corregido decisiones de las respectivas audiencias provinciales: al alza y a la baja.
Es el caso del TSJ de la Comunidad Valenciana. El pasado abril revocó la prisión permanente de Cristina y José Antonio, que estranguló y golpeó hasta la muerte al pequeño Aarón, de dos años, hijo de ella, en Elche (Alicante). El tribunal rebajó la pena a 23 años de cárcel para cada uno al considerar que trataron de auxiliarlo al llevarlo al hospital.
Correcciones de los TSJ
En sentido contrario, el TSJ andaluz enmendó a principios de este año al magistrado que presidió el juicio por el triple crimen de Dos Hermanas (Sevilla) e impuso la máxima pena a dos de los tres acusados (padre e hijo) que torturaron, asesinaron y enterraron en un pozo con hormigón a una pareja y a la hija de ella por un asunto de narcotráfico.
Las caras de la prisión permanente son las caras del mal. Monstruos capaces de cortar la cabeza con una motosierra a sus dos hijas –lo que hizo David Oubel, el primer condenado a esta pena en 2017 para vengarse de su exmujer–; de arrojar por la ventana a un bebé de 17 meses, hija de la chica a la que había conocido por Internet semanas antes (Daniel Montaño) o de enterrar con tablones el cuerpo del hijo de su novio, fingir dolor y mientras participar en la
Casi todos los penados son hombres, salvo siete mujeres; a una, condenada por no evitar la muerte de su hijo, se le revocó
búsqueda: Ana Julia Quezada, asesina de Gabriel.
En más de la mitad de las condenas la víctima es hijo propio o de la pareja, o un niño muy allegado. Es el caso de las seis mujeres condenadas a la máxima pena. Las últimas ratificadas por el Supremo, el caso de Irene en Tenerife y el de Alejandra García, que asesinó al hijo de acogida de su pareja, de ocho años, en Elda (Alicante), y simuló que los habían atacado unos encapuchados.
Silvia Acebal mató a su recién nacido en Asturias y Ana María Baños asfixió a su hijo de siete años en Almería para vengarse de su exmarido. El torturador Iván Pardo no tenía hijos, pero eligió a la hijastra de su hermano como víctima de su monstruosidad. A la pequeña Naiara, de ocho años, la obligó a arrodillarse sobre ortigas y chinas y le dio descargas con una raqueta eléctrica. Declaró que era para «corregirla» y que estudiara.
Todas esas criaturas tenían menos de 16 años, uno de los supuestos tasados de la prisión permanente, junto a la especial vulnerabilidad de la víctima (por edad, enfermedad o discapacidad).
Pero si hay un rostro que se ha quedado asociado a la prisión permanente es el de Diana Quer y el de su asesino, José Enrique Abuín, ‘el Chicle’. Se le impuso la permanente al considerar el tribunal que su muerte se produjo después de ser agredida sexualmente, pese a que no quedaron restos biológicos tras 500 días sumergida en un pozo. Su padre, Juan Carlos Quer, se ha convertido en un símbolo a favor de esta pena. Al menos otros cuatro individuos han sido condenados por violar a su víctima antes de matarla. Junto a estos casos, se han sentenciado varios crímenes múltiples: el de Pioz (cuatro asesinatos) y la matanza de Igor ‘el Ruso’, que acabó con la vida de dos guardias civiles y un ganadero en Teruel. No son los únicos, pero sí un reflejo del mal sin paliativos.