ABC (Sevilla)

El alto tribunal tumba el ‘cerrojazo’ al Congreso durante la pandemia

La legalidad de las medidas del Gobierno vuelve a ponerse en cuestión desde el Tribunal Constituci­onal. Ayer falló contra las restriccio­nes en el Congreso por la La falta de control parlamenta­rio vulneró el derecho a la participac­ión política pandemia y p

- NATI VILLANUEVA / JORGE NAVAS MADRID

En apenas tres meses el Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido ya el segundo revés relacionad­o con el estado de alarma. Si el pasado julio la declaració­n de inconstitu­cionalidad del primer decreto de alarma ya supuso un varapalo para el Ejecutivo –porque el confinamie­nto suspendió derechos fundamenta­les en vez de limitarlos–, en esta ocasión el Pleno del Tribunal Constituci­onal (TC) ha tumbado el acuerdo de la Mesa del Congreso que el 19 de marzo de 2020 suspendió la actividad parlamenta­ria. La decisión, dice el órgano de garantías, afectó de lleno al derecho a la participac­ión política.

Este no es el primero ni será el último varapalo judicial que encajará el Gobierno por su gestión de la pandemia. Como adelantó ABC, el Constituci­onal también tumbará en los próximos días el segundo estado de alarma, el que se prorrogó durante seis meses desde el pasado 25 de octubre, enmendando así la gestión de un Ejecutivo que fue advertido desde el primer momento de la necesidad de contar con una ley que cubriera situacione­s como la que se vivió en España desde marzo de 2020.

El acuerdo de la Mesa, con mayoría de los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, dejó en suspenso las respuestas del Ejecutivo de Sánchez a preguntas parlamenta­rias, la petición de informes o la presentaci­ón de enmiendas a proyectos y proposicio­nes de ley.

La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días y de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que un estado de alarma, como los de excepción y sitio, no puede en ningún caso interrumpi­r el funcionami­ento de ninguno de los poderes institucio­nales del Estado y, de modo particular, del Congreso de los Diputados.

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