PSOE y Podemos ceden en sus posiciones y desbloquean la ley de Vivienda y los Presupuestos
Las cuentas públicas se aprobarán mañana en un Consejo de Ministros extraordinario
Mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que intervenir para resolver unas negociaciones que en los últimos días habían encallado. La participación de Sánchez se hacía imprescindible para determinar hasta dónde podía llegar el PSOE en las negociaciones de la ley de Vivienda, que ha sido el elemento más conflictivo en la negociación ya que Unidas Podemos vinculó el acuerdo presupuestario a que se aprobase ésta.
Ambas partes han tenido que ceder respecto a su posición inicial. Antes de que arrancase el Consejo de Ministros, Sánchez convocó ayer la reunión definitiva. Según relatan fuentes gubernamentales, citó a las cuatro personas clave. Por la parte socialista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y por parte morada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Tras la remodelación del Gobierno, a principios de septiembre, se empieza a hablar de esta cuestión. En un primer momento, son cuatro las personas implicadas: Belarra, Montero, Bolaños y la teóricamente ministra competente en la materia de vivienda, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Pero es en las últimas dos semanas cuando las cosas se precipitan.
Una vez que Sánchez manifiesta que quiere los Presupuestos rápido se intensifica el canal de interlocución Bolaños-Belarra. También con Yolanda Díaz, con quien Bolaños mantiene una buena relación. El lunes a las 8 de la mañana se reunieron los ministros de Hacienda, Derechos Sociales, Transportes y Presidencia acompañados de sus equipos. Ahí se produce un acercamiento de posturas y se intercambian documentos. Por la noche se envían un último documento y se citan a primerísima hora del martes. Bolaños, Belarra y la ministra Sánchez perfilan ayer a primera hora cuestiones técnicas. Es después de esa cita cuando el presidente convoca a Díaz, Bolaños, Belarra y Montero para solemnizar el acuerdo.
El acuerdo final incorpora la reivindicación de Podemos de intervenir en el mercado del alquiler para bajar los precios en las zonas tensionadas. Todavía no hay fecha para aprobar la ley de Vivienda y no se conoce la literalidad del texto. Pero fuentes gubernamentales de la parte socialista apuntan a que estas intervenciones sólo podrán practicarse sobre inmuebles propiedad de personas jurídicas, nunca físicas, y siempre que sean considerados «grandes tenedores de vivienda». Que son los que poseen más de diez inmuebles. La norma, eso sí, se aplicará en aquellas regiones en las que sus gobiernos autonómicos lo decidan. También otras medidas aprobadas como el recargo en el pago del IBI por tener viviendas vacías dependerán de los ayuntamientos. Desde la parte morada de la coalición resaltan y celebran el trabajo de Belarra y Díaz e insisten en que gracias a ellos se va a poder poner freno a los «abusos» de los fondos buitre y grandes tenedores. Además, UP pretende seguir trabajando con el PSOE en medidas «menos agresivas» para el precio de los pequeños propietarios. El portavoz de UP Pablo Echenique explicó ayer que el acuerdo para la ley de Vivienda se trabajó directamente desde «un texto legislativo», y no desde un documento político, como el año pasado, lo que considera «una garantía» de que el PSOE va a cumplir lo pactado.
En las filas socialistas están muy ocupados en trasladar que la intervención es pequeña. Aducen que al afectar sólo a personas jurídicas quedan fuera de ese radar el 85 por ciento de las viviendas en alquiler en España. Y del 15 restante tan sólo las que sean propiedad de sociedades que dispongan de más de diez inmuebles. Se centran en que las personas físicas y pequeños propietarios tendrán a su disposición beneficios fiscales si bajan las rentas. Y en el incremento del parque de vivienda pública para aumentar la oferta.
Se evita hablar de intervenir
En paralelo, el Gobierno reservó para Sánchez un acto en Sevilla en el que anunció un bono joven orientado a personas de entre 18 y 35 años para que puedan anticipar su emancipación. Serán 250 euros al mes durante dos años para personas que no superen los 23.750 euros de renta al año. Hay un interés muy grande por parte del PSOE por presentar la cuestión de la vivienda como algo mucho más global que las medidas de intervención de precios.
Díaz ha estirado al máximo los tiempos para sacar resultados que Unidas Podemos pueda atribuirse, consciente de que el PSOE tenía prisa. Sánchez se había comprometido a presentar los PGE ya para que puedan completar la tramitación parlamentaria y entrar en vigor el 1 de enero sin necesidad de prorrogar los actuales. El presidente quiso zanjar la cuestión para llegar, aceptando algunos planteamientos de sus socios. No solo en Vivienda. También se ha acordado incluir un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. El PSOE era más partidario de esperar a la reforma fiscal que el Ejecutivo quiere empezar a plantear el próximo año.
Sánchez quiere ya los PGE para aprovechar la tregua política con ERC y garantizar su aprobación. Aunque ayer los independentistas advirtieron de que no dieran por hecho su apoyo. El Gobierno no descarta que pueden ser las últimas cuentas, aunque se intentarán las de 2023. Son los planes de Montero. Por eso aprobar las cuentas de 2022 era fundamental para tener un mayor margen político y económico si la situación se complica el año que viene.
«No tenemos todavía fecha para aprobar la ley de Vivienda. Será en consejos de ministros posteriores»
«Tenemos un buen acuerdo de PGE, que incluye una nueva ley de Vivienda y que las grandes empresas paguen lo que toca»
«Que nadie cuente por lo menos con el voto de ERC»
Más información en la sección de Economía