EXIMIR A DON JUAN CARLOS
La Fiscalía prevé archivar las diligencias penales abiertas contra Don Juan Carlos por su fortuna en paraísos fiscales. Pero que no vaya a ser juzgado no limpia su falta de ejemplaridad
LA decisión de la Fiscalía de no prolongar la investigación sobre el patrimonio oculto de Don Juan Carlos más allá de diciembre, y su idea de proponer su archivo sin necesidad de presentar una querella, pondrán previsiblemente fin a todo este proceso que tanto daño ha hecho a la Corona. Según la Fiscalía, algunas conductas irregulares cometidas por Don Juan Carlos se produjeron cuando era el Jefe del Estado y, por tanto, inimputable. Algunas otras han prescrito. Y respecto al tercer grupo de ilegalidades, la Fiscalía entiende que las estrictamente tributarias han sido subsanadas con las oportunas regularizaciones fiscales. Del resto de acusaciones no parece posible seguir ya ningún cauce penal por falta de pruebas: las diligencias abiertas por la Fiscalía se han agotado y no hay elementos de juicio suficientes como para abrir un proceso penal en el Supremo. Por tanto, si la investigación se agota, agotada debe quedar más allá de otras consideraciones éticas o de falta de ejemplaridad, como ocurriría con cualquier otro español.
Es evidente que en algunos ámbitos políticos, especialmente en los núcleos más populistas, combativos y antimonárquicos de la izquierda, surgirá la tentación de sostener que todo fue un artificio para terminar justificando el archivo de las actuaciones. Alegarán que es un escándalo no presentar una querella, y que la Fiscalía nunca habría permitido una condena del Rey emérito. Pero también se dijo algo similar cuando un juez investigó a la Infanta Doña Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, y acabaron siendo juzgados –y él, condenado–, lo que demuestra que los controles de nuestra democracia funcionan, pese a quien pese. Con Don Juan Carlos solo se ha actuado con criterios de estricta legalidad. Es falso que todo estuviese predeterminado para el archivo definitivo del caso, y la prueba es que la Fiscalía mantiene abierta la puerta a que cualquier nuevo indicio que surja en paraísos fiscales reactive la investigación. Sin embargo, sin más materia probatoria, sería injusto, incluso ilegal, mantener abierto ‘sine die’ un procedimiento que además ha causado un profundo deterioro de la imagen de la institución monárquica.
El hecho de que se hayan acreditado conductas irregulares aun habiendo prescrito es grave. Sobre todo, porque socava la credibilidad de la Monarquía por mucho que la prescripción invalide cualquier condena. Pero a decir verdad, eso tampoco justifica que siempre haya pesado sobre Don Juan Carlos una presunción de culpabilidad penal en el marco de un juicio paralelo, con condena preventiva incluida. La única culpa asumida por Don Juan Carlos se ha producido en el ámbito administrativo, cuando él mismo ha reconocido sus infracciones fiscales regularizando cinco millones de euros, que es exactamente lo que le ha exigido la Agencia Tributaria. De confirmarse el archivo de las diligencias, quedan dos incógnitas por resolver: la calibración final del daño hecho a la institución, incluso aunque el desmarque de Don Felipe respecto a su padre haya mitigado los perjuicios; y la decisión definitiva de Don Juan Carlos –y del Rey, e incluso del Gobierno– sobre su eventual retorno a España. Una vez se finiquite la investigación, debería regresar en las condiciones que se pacten. Su comportamiento no fue ejemplar, y lo está pagando a un precio muy alto en términos de descrédito personal. Pero mientras se concluye que no delinquió, lo cual es relevante como lección a tanto inquisidor de salón con su propia cocina sucia, no tiene sentido que en España haya aún quien siga tratándolo como a un delincuente. Juzgarlo exclusivamente por sus abusos y errores es una losa que le pesará siempre. Pero también tiene mucho de injusto con la historia.