La Junta rechaza aplicar la futura Ley «intervencionista» estatal de la Vivienda
Descarta regular el precio de los alquileres al ser un ataque a la propiedad privada Los empresarios ven electoralismo en el anuncio
El 45,6 por ciento de los jóvenes andaluces entre 26 y 36 años, unos 475.000, no están emancipados, en su mayoría precisan ayudas para el acceso a la primera vivienda un problema que se convirtió desde ayer en un debate nacional politizado a cuenta del anuncio de las primeras medidas de una futura Ley estatal de la Vivienda que, de momento, pasan por la intervención del precio de los alquileres y por la entrega de bonos mensuales de 250 euros mensuales a colectivos de jóvenes con bajos ingresos.
A la espera de conocer el borrador, incluso desconocido por miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Andalucía, como otras comunidades gobernadas por el PP, ya ha avanzado que no regulará el precio de los alquileres al tratarse de un ataque a la propiedad privada, que plantea inseguridad jurídica y ha fracasado en otros países.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tachó de «intervencionista» el espíritu de la futura ley, y lamentó que a pesar de las reiteradas llamadas a la cogobernanza esta ley se haya elaborado «de espalda a las comunidades autónomas», pese a que las políticas de vivienda son «una competencia exclusiva» de estas.
«La filosofía (de la ley) es claramente intervencionista y nosotros somos liberales, y los liberales y el intervencionismo estamos reñidos, no creemos que esa sea la solución», remarcó Moreno, quien ha subrayado que procurará «las alianzas que sean necesarias» para ofertar más viviendas para las familias vulnerables y los jóvenes, pero eso «no se puede hacer por imposición».
En este sentido, la consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo recordó que la apuesta de su departamento es incrementar la oferta de viviendas en alquiler asequible para que el mercado se autorregule por lo que se han promovido en esta legislatura casi 3.000 viviendas en alquiler a precio asequible en colaboración con ayuntamientos y empresas públicas y privadas. Carazo advierte de que la futura Ley puede vulnerar el marco de competencias entre el Estado y las autonómicas o los ayuntamientos en los que respecta al IBI, que
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, criticó ayer la Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno por ser «electoralista» y ha recordado el «derecho al ahorro» de los propietarios. «Todo el mundo, persona física y jurídica, tiene derecho al ahorro, derecho a consolidar lo que con fruto de su trabajo han podido generar durante su vida y para eso han pagado impuestos y hecho esfuerzos económicos importantes», dijo a los medios el presidente de la CEA. Para González de Lara la futura ley es «una intromisión grave al derecho de la propiedad privada», pero la contextualiza en un pacto de gobierno para desbloquear unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque no dan crédito a que una iniciativa así pueda aprobarse. En ese punto se pregunta qué sentido tiene una ley si son otras administraciones las que tienen que aplicarla, como las comunidades y los ayuntamientos.
Zapatero ya ofreció un bono para jóvenes; la medida generó un encarecimiento de los alquileres en 210 euros
puede elevarse en un 150 por ciento en algunos casos según el avance de la ley. En el Parlamento, Carazo recordó los efectos negativos que tuvo la paralización durante una década de la construcción de VPO en Andalucía y los anuncios fracasados como el denominado Plan 20.000. Sobre el bono joven anunciado por Pedro Sánchez este martes en Sevilla, la consejera de Fomento recuerda que ya el Gobierno de Zapatero puso en marcha en el contexto de la renta Básica una medida similar por cuatro años. Las ayudas se gestionaban con enorme dificultad por las Comunidades y el Ministerio se limitaba a aportar los fondos. Finalizó en 2011 y a la postre supuso un encarecimiento de los alquileres en unos 210 euros.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, criticó que la Junta esté «en contra de todo, le dé la espalda a los jóvenes, a los más vulnerables, situándose al lado de las entidades financieras, de los bancos y de los fondos buitre». Menos efusivo era el secretario general del PSOE andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que dijo ayer que analizará la futura ley para aplicarla «si encaja con la realidad de la oferta de la vivienda» en la capital andaluza, porque en Sevilla «no hay un porcentaje ni muchísimo menos alto de vivienda vacía» y que la situación no es similar a la de ciudades como Madrid o Barcelona.
La futura ley ha cosechado también críticas en la izquierda radical, el grupo de anticapitalistas que lidera Teresa Rodríguez, se muestra decepcionado, considera que debería incluir expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos buitre para poner en marcha un parque público de vivienda.