Isabel Pantoja se enfrenta a otros tres años por una deuda al reformar ‘Mi Gitana’
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha fijado inicialmente para el 22 de marzo del próximo año el juicio a la cantante Isabel Pantoja por una supuesta deuda tras una reforma de ‘Mi Gitana’, la casa de la tonadillera en Marbella. Pantoja está acusada como administradora única de Panriver 56, empresa que participó en una operación supuestamente irregular de deuda. La Fiscalía malagueña solicita inicialmente una pena de tres años de prisión como cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.
En esta causa también está acusado como supuesto autor del mismo delito el administrador de otra sociedad. Esta segunda empresa llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Pantoja por una deuda de su casa en Marbella, que presuntamente causó perjuicio a una tercera firma.
Según el escrito del fiscal, Penriver 56 tenía en 2002 una deuda con una primera empresa, con la que tuvo un pleito en los tribunales de Madrid. Le reclamaba a la sociedad de la cantante una determinada cantidad por unas reformas en ‘Mi Gitana’. El procedimiento concluyó con una sentencia que condenaba a la sociedad de Pantoja a pagar 114.100 euros. Además, se embargó el crédito que pudiera tener a su favor. Así, en 2009, se embargó la propiedad en la urbanización Nueva Andalucía.
Estaba en la cárcel
Con el crédito embargado y con Pantoja interesada en la venta del inmueble, la Fiscalía de Málaga cree que maniobró con el otro imputado para beneficiarse. De este modo, el Ministerio Público acusa a la tonadillera de hacer una escritura pública para presuntamente abonar esa deuda rebajada a 62.759 euros. Lo haría en marzo de 2015, estando en prisión, La otra empresa que recibía el dinero renunciaba a cualquier reclamación.
La Fiscalía expuso en su escrito que los acusados instaron a que se archivara el procedimiento, impidiendo que la primera empresa cobrara 114.108 euros. Tampoco pudo hacerse con las fincas embargadas. Por ello, se acusa a los procesados por un delito de insolvencia punible. Solicita para cada uno de ellos tres años de prisión y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, para un total de 10.800. Además, insta a la nulidad del acuerdo extrajudicial entre ambas empresas.