El ponente del Supremo estudia ya los recursos del caso ERE
El Alto Tribunal ha dado traslado de las actuaciones al magistrado que debe redactar la resolución
El magistrado ponente de la Sala de lo Penal número 1 del Tribunal Supremo empieza ahora a estudiar el escrito de la Fiscalía y los recursos de casación presentados por los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía para evitar la firmeza de la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que los condena por prevaricación y/o malversación en la llamada pieza política del caso ERE.
Entre los condenados se encuentran los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una exministra, Magdalena Álvarez; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; cuatro exconsejeros... y así hasta sumar 19 ex altos cargos. Diez de los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, al resto. Sólo se salvaron dos: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta, que resultaron absueltos.
La Sala Segunda ha notificado a las partes personadas en el caso una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, a la que ha accedido ABC, por la que informa de que, «visto el estado que mantienen las presentes actuaciones», se ha dado traslado de toda la documentación al juez encargado de redactar la resolución de dichos recursos en el Supremo. Fuentes del Alto Tribunal indicaron a ABC que se trata de un puro trámite administrativo, pero aún no hay una fecha para que se contesten y resuelvan los motivos expuestos por los condenados en los recursos por los que solicitan su libre absolución. Otras fuentes jurídicas consultadas esperan que dicha resolución llegue a finales de este año.
Antes de decidir, el letrado de la Administración de Justicia remite al juez un resumen sobre los argumentos jurídicos esgrimidos por las defensas, la Fiscalía y la acusación popular del PP andaluz. Además, el Supremo puede convocar una vista, como han pedido las defensas, para que los letrados de las partes expongan en 20 minutos las tesis que han recogido por escrito.
Entre tanto se presentaron los recursos, en octubre de 2020 falleció a causa de una neumonía el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. Su condena está recurrida tanto por su esposa como por su hija.
La Fiscalía del Supremo solicitó en marzo a la Sala de lo Penal de dicha instancia, que confirme las condenas de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla de 1.821 folios.
La defensa de José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, sostiene que «todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento» y que los hechos considerados como probados «no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L, haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos».
El letrado de Manuel Chaves, presidente condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación, argumenta en su recurso de casación que el aludido, «se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles».
El Tribunal puede convocar una vista para que los letrados de las partes expongan en 20 minutos sus posiciones