Un informe policial destapa que el hijo de Gali también entró ilegalmente en España
Laya y su exjefe de gabinete han intentado taparlo con un permiso concedido cinco días después de que llegara
sen eludir el delito fiscal, así como recibir documentación desde Suiza comprometida pero no remitida a España.
En cuanto a las pesquisas sobre los fondos de Sanginés Krause, estaban en una situación parecida. Cabe recordar que ese militar de confianza de Don Juan Carlos ya fue oído en declaración en la Fiscalía Anticorrupción, donde se había practicado el grueso de la investigación cuando fue asumida por los fiscales del Supremo. Los hechos no estarían prescritos pero apuntarían a un posible delito fiscal que el padre del Rey ha podido eludir con la regularización fiscal que acometió el pasado diciembre por aquellas donaciones y que le supuso abonar 678.393 euros en recargos. Pendía, igualmente, del visto bueno de la Agencia Tributaria toda vez que los fiscales habían descartado, por no verlo de interés, tomar declaración al empresario y al propio Don Juan Carlos.
Ambas líneas de investigación, si se confirma el planteamiento que las aboca al archivo, se cerrarían junto a la abierta sobre el supuesto patrimonio en Jersey, asunto del que el entorno de Don Juan Carlos siempre le ha desmarcado, no así en los otros dos. La razón, según las fuentes consultadas, es que aun versando de hechos distintos y en periodos temporales no necesariamente coincidentes, se han nutrido de pesquisas similares y confluyen todas en el patrimonio de Don Juan Carlos. Van de la mano. Eso sí, sería un cierre provisional, ya que cualquiera de las tres podría reabrirse de llegar nuevos indicios.
La operación desplegada por el Gobierno en abril para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, no solo supuso la entrada furtiva de este dirigente saharaui, sino también la de su hijo Luali Brahim Sid El Mustafa. Un informe policial, al que ha tenido acceso ABC, acaba de desmontar la estrategia defensiva de la Abogacía del Estado: lleva semanas insistiendo en que Luali llegó amparado por un permiso de residencia español, pero ahora se ha sabido que ese permiso fue expedido cinco días después de que padre e hijo entraran a través de la Base Aérea de Zaragoza, de tapadillo y sin pasar el control de pasaportes. Llegaron el 18 de abril, pero ese permiso de residencia se expidió el día 23.
El informe ha sido redactado por la Jefatura Superior de Policía de Aragón a solicitud del juez zaragozano Rafael Lasala, que investiga esa operación clandestina por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento. De momento, están imputados la exministra Arancha González Laya y el que era su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. Ambos son defendidos por la abogada del Estado María del Mar González Bella, que hasta en dos ocasiones le ha colado al juez una copia de ese permiso de residencia del hijo de Gali.
A falta de pasaporte reglado, tanto Laya como Villarino se han estado aferrando a ese documento para defender que la entrada del hijo de Gali fue legal. Y, para reforzar esas declaraciones, la letrada designada por el Gobierno aportó al juez la copia de ese permiso en dos ocasiones: el 14 de septiembre y el pasado lunes, 4 de octubre, como anexo documental a sendos escritos en los que pedía al magistrado que diera carpetazo a la investigación.
Eso sí, la abogada del Estado solo le entregó al juez el anverso de ese permiso de residencia, la cara del documento en el que no aparece la fecha de expedición. Pero ese crucial dato ha acabado sabiéndose con este nuevo informe policial. El juez Lasala lo recabó a propuesta del abogado Antonio Urdiales, que ejerce una de las dos acusaciones populares en este caso.
Ante esta nueva revelación, Urdiales ha pedido al juez que amplíe la investigación y recabe el expediente íntegro de concesión de ese permiso de residencia. En su escrito de petición, Urdiales carga duramente contra Laya y Villarino por «haber mentido de forma descarada e indecente al juez». Advierte, en un claro mensaje también hacia la Abogacía del Estado, que el derecho a no declarar no permite «faltar a la verdad de esta forma tan torticera ante un magistrado».
Borró los correos
Además, Urdiales ha solicitado al juez que intervenga de inmediato el teléfono móvil de Villarino, después de que éste se haya negado a desvelar al juez quién le remitió, en su defensa, un supuesto pasaporte argelino a nombre de Gali. Pasaporte, por cierto, en el que el líder del Polisario aparece con una identidad distinta a la que tiene reconocida oficialmente en España.
El exjefe de gabinete de Exteriores ha optado por seguir los pasos de Laya y no aportar al juez información clave que le ha reclamado. La abogada del Estado ha remitido un escrito en el que dice que Villarino borró los correos electrónicos que le ha requerido el magistrado. Y remarca que, en cualquier caso, tampoco va a desvelar quién le envió la copia del supuesto pasaporte argelino de Gali. Alega que es materia reservada, porque podría «afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales».