Penas casi idénticas en las democracias más avanzadas de Europa y del mundo
Aunque con nombres distintos, la gran mayoría de países de Europa castiga los delitos más graves con penas muy similares a la PPR española. Así, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Países Bajos, por citar sólo algunos, aplican el mismo castigo incluso desde mucho antes: Francia, por ejemplo, desde 1994 con el Gobierno socialista de Mitterrand.
Y lo mismo ocurre en una zona europea con tanto pedigrí democrático como los países nórdicos (Noruega, Finlandia y Suecia) y en otros como Austria o
Suiza. También fuera del viejo continente, por ejemplo en Estados Unidos o Argentina.
La única diferencia es el tiempo que un condenado a perpetuidad debe pasar en prisión para optar a beneficios penitenciarios en cada país: la PPR española fija unos plazos (25-35 años) superiores a la media de los Códigos Penales europeos, aunque otros como los de Hungría y Argentina exigen más y en Inglaterra o Alemania incluso no hay posibilidad de ningún beneficio para determinados crímenes. por esta pena, sólo se le podrá revocar cuando «incurra en nuevo delito o infrinja las prohibiciones y reglas de conducta» bajo las que se le concedió. Y la segunda, que dicha revocación «no debe ser impedimento definitivo» para que el afectado pueda acogerse a otra revisión «en un futuro», según explican fuentes del TC.
Ampliar a más delitos
El líder de los populares, Pablo Casado, se felicitó por este fallo que avala la reforma penal que aprobó su partido en 2015 y se comprometió, si llega a La Moncloa, a incluir nuevos delitos entre los castigados con PPR, como los de «maltratadores que acaban asesinando, asesinos que oculten el cadáver y violadores reincidentes».
De hecho, coincidiendo con el clamor social provocado por el crimen del pequeño Gabriel Cruz en Almería en febrero de 2018, PP y Ciudadanos intentaron ampliar los delitos castigados con PPR para enmendar así la propuesta del PNV de derogarla, que en teoría mantiene abierta esa posibilidad. Poco meses después, la anterior ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se comprometió con familiares de víctimas como el padre de Diana Quer a no derogar la PPR «en caliente» y al menos hasta a que se pronunciara el TC. Ahora le toca al Gobierno y sus socios.