MÁS IRPF PARA LOS PROPIETARIOS
destinan al alquiler social». Se dan casos en los que, dentro de un mismo edficio, dos plantas son viviendas de protección oficial (VPO) y el resto de precio libre. Según estas fuentes, «esto ha provocado un parón de las operaciones» en Barcelona que «con la ley de vivienda puede extenderse al resto de España».
El Ejecutivo calcula que llevará la norma al Consejo de Ministros antes de que acabe el año, y durante 2022 se producirá una compleja tramitación parlamentaria. Cuando las Cortes aprueben la ley de Vivienda comenzará una moratoria de 18 meses para concretar qué zonas cuentan con alquileres tensionados. Es decir, la imposición de controles de precios podría demorarse hasta 2024.
Los topes solo se aplicarán en las comunidades que así lo deseen y tengan zonas tensionadas. Regiones como Madrid ya comunicaron el martes su completa oposición a la intervención, y ayer el Partido Popular aseguró que ninguna de las autonomías que gobierna aprobará estos controles.
No. Existen muchos condicionantes. Deben ser viviendas localizadas en zonas tensionadas, dentro de regiones que hayan aceptado imponer topes y, lo más importante, gestionadas por grandes propietarios de pisos. El Gobierno de coalición entiende por gran propietario a todos los caseros que sean personas jurídicas (fondos o bancos) con más de diez pisos en propiedad. que tienen los caseros del 60% en el IRPF se reduce al 50%. Es cierto que el Ejecutivo prevé casos en los que esa reducción se eleva, pero son situaciones muy concretas. Por ejemplo, si se alquilan viviendas a jóvenes en zonas tensionadas habrá reducciones del 70%; si se ha reformado la vivienda en los dos últimos años, del 60%.
El proyecto contempla asimismo la opción de que los ayuntamientos impongan un recargo del 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que permanezcan desocupados. Para ello, la norma delimitará lo que se considera una vivienda vacía. PSOE y Unidas Podemos solo habilitarán este recargo para los propietarios de más de cuatro viviendas que mantengan deshabitadas al menos dos de ellas por un periodo de dos años o más. Una vez habilitado este castigo fiscal serán los ayuntamientos los que decidirán si imponerlo.
Como ya hizo Cataluña, el Gobierno obligará a que todas las promociones destinen al menos el 30% de sus inmuebles a viviendas protegidas. Y de estas, la mitad serán pisos sociales.