Jugando con el ahorro de los españoles
Aunque dirigida al alquiler, la nueva norma afectará el nivel de precios del principal activo de las clases medias
EL 76,9% de los hogares españoles son propietarios de la vivienda en la que viven. Para muchas de esas familias, además, este es el principal ahorro que han podido reunir a lo largo de sus vidas. Este único dato basta para entender la magnitud de la irresponsabilidad del PSOE y de Podemos a la hora de pactar una legislación de vivienda que intervendrá los alquileres de fondos y bancos. Los defensores de este acuerdo dirán que la nueva normativa no afectará a las personas físicas, que sólo lo hará con propietarios de más de diez viviendas y únicamente en zonas que se definirán como tensionadas. Ya, pero el precio del alquiler suele estar en relación directa con el precio de venta y es casi seguro que allí donde se intervenga el alquiler, se producirá un deterioro de la riqueza de los propietarios.
Es una gran idea jugar con los ahorros de los españoles de esta manera. Podemos exhibió su falta de criterio en este asunto desde su nacimiento. Desde que se conoció el título del famoso proyecto de investigación ‘fake’ de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga –‘La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda’– ya se sabía de su querencia por medidas que recuerdan la frase del economista sueco Assar Lindbeck: «Aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes para destruir ciudades».
Por eso, lo que más sorprende esta vez es que el PSOE, conocedor de las consecuencias, haya convalidado este acuerdo. Los socialistas dicen que lo que han hecho es «control de daños» de una mala idea que podía haber tenido un desarrollo peor y que no les quedaba más remedio que aceptar si querían salvar su gobierno de coalición. Para ello han recurrido a todo tipo de letras pequeñas, anexos, apéndices y han implicado en el asunto a las comunidades autónomas y ayuntamientos con la esperanza de que éstas asuman la responsabilidad final.
Como resultado de ello, el Ejecutivo cree que al final sólo habrá cuatro comunidades con zonas de precios tensionados en España: Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. En Madrid, el PP ha anunciado que no aplicará la norma, y en el País Vasco es difícil que hoy se haga. En la Comunidad Valenciana caben dudas. Por lo tanto, sólo Cataluña podría realmente hacer efectiva esta legislación, en consonancia con la política que ya está haciendo Ada Colau.
La decisión convierte el 2023 en un año excepcional. El PP ya ha ligado su destino a ese año en la convención de la semana pasada. ¿Será capaz Pablo Casado de mantenerse incólume en el liderazgo si Díaz Ayuso vuelve a arrasar en Madrid? Pedro Sánchez ahora ha hecho lo propio con el PSOE al convertir la aplicación de esta polémica ley en el gran tema de la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2023. jmuller@abc.es