Los empresarios alertan sobre las políticas de Sánchez: «Ahuyentarán la inversión»
Empresarios, pymes y autónomos avisan de que las medidas intervencionistas están dañando la confianza en España
El pacto entre PSOE y Unidas Podemos sobre el proyecto de los Presupuestos de 2022 que será aprobado hoy en un consejo de ministros extraordinario ha generado gran revuelo en el mundo empresarial, el mismo que provocaron medidas como el alza del salario mínimo o la intervención de los precios de luz. El golpe de las últimas medidas, las que han hecho realidad el Presupuesto para 2022, era esperado, aunque no por ello, aseguran, resulta menos doloroso. La intervención del mercado inmobiliario y la subida del impuesto de Sociedades tendrán, en opinión de los empresarios consultados –tres vicepresidentes de la CEOE–, efectos secundarios mucho más adversos en el futuro próximo que los que se notarán en el presente más inmediato. Todos coinciden en señalar a la inseguridad jurídica como el principal daño de estas cuentas para nuestro país. «Estas medidas parecen diseñadas para ahuyentar a los inversores», recalca Miguel Garrido, presidente de CEIM, la patronal madrileña.
Otro aspecto que preocupa es el discurso «antipropiedad» que destila el Gobierno en su defensa de las modificaciones de la Ley de Vivienda, en el que se han incluido numerosas críticas a los grandes tenedores de inmuebles. «Conseguirán el efecto contrario al que pretenden restringiendo el mercado de la vivienda», remarca Garrido, quien además augura un «impacto limitado» en la capital si las comunidades finalmente tienen algún margen de maniobra.
En el terreno fiscal también preocupa por sus efectos en la imagen exterior de España pues, aseguran, el efecto final de aumentar el impuesto de los Sociedades al 15% pero aplicarlo sobre la base imponible y no sobre los resultados se calcula que no será muy elevado. De hecho, los sindicatos protestaban ayer por una medida que desde CC.OO. calificaron de «vacía». En opinión de Garrido, no obstante, el mensaje que manda España con esta decisión en un momento tan crucial como el actual es muy negativo. «Es una locura y estoy convencido de que la propia ala moderada del PSOE lo sabe», se lamenta.
«Son ocurrencias, barbaridades diarias y trabas que generan una inseguridad jurídica que está dañando la confianza en España, la inversión y el empleo», alerta el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sobre las políticas «intervencionistas» del Gobierno que «están ahuyentando la inversión» y «van en contra de la libertad de empresa». «Es muy fácil tirar con pólvora ajena», responde cuando se le pregunta sobre la subida del 2% para los empleados públicos y las pensiones el próximo año. Y avisa: «No nos asustemos si sube el IVA. Ya vivimos situaciones parecidas en 2017 y 2018 y en 2012 tuvieron que subir los impuestos». Alerta de las «zancadillas» que se están poniendo a las empresas y de la elevada deuda, «que terminarán pagando las próximas generaciones».
Para Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, «nos enfrentamos a un cambio de modelo. La intervención del mercado del alquiler o del beneficio de las empresas del sector energético son ejemplos de intervencionismo, pero no hay que olvidar que las abruptas alzas del SMI intervienen en la configuración de los salarios». Cita también «modificaciones en la reforma laboral, como la obstaculización en la praxis de la subcontratación, que atenta gravemente contra la libertad de empresa».
Explica que «modificar los pilares de nuestro sistema lastrará la credibilidad, la seguridad jurídica y el progreso social y económico que tanto nos ha costado ganar» y que «ir en sentido contrario a nuestros vecinos europeos será contraproducente». Sobre el alza en Sociedades denuncia que «perjudicará la inversión y provocará deslocalización de grandes empresas». «Atacar a la gran empresa, no ayuda a la pequeña, y es también atacar a los trabajadores de esas empresas y el bienestar de los ciudadanos», concluye.
«Los mensajes que está mandando España son muy negativos»