Otros dos empresarios onubenses serán juzgados por el fraude de los cursos
El fraude en la formación de la Junta de Andalucía sigue coleando en los juzgados onubenses cuatro años después de que se archivara la pieza política, con gestores de empresas que han de responder penalmente en los tribunales por las subvenciones millonarias que recibieron la pasada década.
En un nuevo juicio, que se celebrará hoy en el Juzgado delos Penal 1 de Huelva, los dos administradores de la mercantil Fusión Onubense S.L. –constituida en junio de 2010, se enfrentan a cinco años de cárcel (dos años y seis meses cada uno de los acusados, F.M.C.C. y M.C.R.) como presuntos autores de un delito de fraude tras recibir una ayuda por un montante de 167.874 euros, según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía de Huelva, al que ha tenido acceso ABC.
La ayuda, que la Consejería de Empleo le concedió en diciembre de 2010, tenía como objeto la realización de acciones formativas con el compromiso de contratación, según constaba en el convenio suscrito entre la mercantil y la Administración andaluza, que también ejerce la acusación en la causa.
Sin embargo, las condiciones no se cumplieron por parte de la mercantil. En julio de 2012, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) emitió una resolución en la que reclamaba a los ahora acusados que reintegraran el dinero recibido por «incumplimiento total» de los compromisos. Además, se señalaba que no presentaron la documentación justificante de los gastos, ni el informe del auditor de las cuentas y que no se contrató al 60% del alumnado.
Nunca se reintegró cantidad alguna. Ahora, los administradores de Fusión Onubense se sientan en el banquillo como acusados de fraude en subvenciones ante una petición de pena de cinco años de cárcel, además de multa de 350.000 euros, indemnización a la Junta de Andalucía por la misma cantidad (167.874 euros) y pérdida de la posibilidad de poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.
En julio de 2018 fue archivada la pieza principal de los cursos de formación en Huelva a pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción 5 vio que «existian indicios de delito». En el auto el juez explicaba que el motivo del obligado archivo era la retirada de las acusaciones de la Junta de Andalucía y la Fiscalía.