UNA BUENA DOSIS DE REALISMO
Sánchez ha decidido esperar al día 29 para anunciar una rebaja limitada de los impuestos a los combustibles. Bien podría hacerlo antes, pero le importa más que el Estado ingrese dinero
S Ialgo está moviendo al presidente del Gobierno a plantearse una rebaja de impuestos para los combustibles, especialmente la gasolina y el gasoil de consumo ciudadano, es sencillamente el temor a una creciente protesta social, a una atmósfera política más adversa y, sobre todo, el miedo a perder votos. A fin de cuentas las crisis económicas son las que más afectan a la credibilidad de los gestores públicos cuando la percepción generalizada es que no las combaten con eficacia, por encima incluso de factores ideológicos o de la empatía con un determinado liderazgo. Le ocurrió a Zapatero cuando ninguneó entre 2008 y 2010 la relevancia de una crisis financiera muy profunda, y se limitó a combatirla engañándose a sí mismo sobre su gravedad, hipotecando el déficit público, y aventando soluciones tan peregrinas como su inútil Plan E. Sin embargo, y pese a algunas similitudes políticas con aquella etapa, Sánchez ha asumido ya que, aunque sea temporalmente, debe bajar impuestos que están perjudicando severamente el bolsillo de los españoles. Ni rastro queda de su ‘escudo social’ de la pandemia, y por supuesto casi nadie terminó 2021 pagando el mismo importe por la luz que en 2018, como prometió.
La situación socioeconómica es grave, y algo afectará que la economía rusa incurra en ‘default’. Al menos Sánchez ha evolucionado en su discurso público. Ya no solo reconoce que nos esperan ‘tiempos duros’ –aunque siempre sabe encontrar un culpable (antes, la pandemia; ahora, Putin)–, sino que ha erradicado de su Gobierno esa media sonrisa con la que los ministros sostenían que nuestro crecimiento era sólido, que la recesión estaba en su fase final, o que la inflación era coyuntural. Hoy, camino de la estanflación a decir de algunos expertos, del Gobierno solo es exigible rapidez de actuación. Hay margen para bajar casi el 50 por ciento del importe que cobra el Estado cada vez que un español llena el depósito de su coche y, como ayer informaba ABC, es factible llegar a aliviar la cartera con 30 céntimos menos por litro. Si Sánchez ha perdido ya dos ocasiones para detallarlo –la Conferencia de Presidentes del domingo, y el Consejo de Ministros de ayer– es solo porque si alguien está recaudando ahora mucho más dinero del esperado, ese es el Estado haciendo caja. Sánchez ha decidido esperar al día 29, tras un Consejo Europeo los días 24 y 25, para aprobar medidas aún inciertas, pero tiene autonomía para hacerlo antes. Y a posteriori, si fuese preciso, podría adaptarse a una decisión europea común. Pero hoy Sánchez se equivoca en su inmóvil afán recaudatorio.
Es cierto que el margen del Ejecutivo es mucho menor del que cualquier ciudadano desearía, y que no es recomendable una espiral drástica de reducción de impuestos, como alertó ayer el Banco de España. Pero también es verdad que esta institución considera indispensable evitar un incremento de precios y costes que solo agravaría los efectos, muy tóxicos ya, de la inflación. Por eso emplazó a empresas y trabajadores a alcanzar acuerdos salariales razonables, de manera que no recaiga solo sobre el consumidor todo el peso de la crisis. Que haya, en definitiva, un reparto del esfuerzo. A su vez, tampoco es extraño que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal haya anunciado su revisión a la baja del impacto que tendrán en 2022 los fondos europeos, el gran mantra del Ejecutivo. A Sánchez se le agota su recurrente magia artificial de la propaganda. Al igual que le está ocurriendo al ciudadano, al presidente del Gobierno le convienen una definitiva dosis de realismo y más agilidad.