Arranca el primer juicio de la causa sin altos cargos en el banquillo
▶ Una defensa alerta del «perverso efecto» de no juzgar a los que dieron las ayudas de los ERE
Ayer comenzaba en la Audiencia de Sevilla el tercer juicio del caso de los ERE, la mayor causa de corrupción de este país, pero era el primero en el que entre los acusados no había ningún alto cargo socialista de los gobiernos autonómicos de toda una década. Y esto llevó a una de las defensas a exponer el «perverso efecto» que esto conlleva, pues se van a juzgar a los empresarios beneficiarios pero no a los políticos o funcionarios que concedieron las ayudas, toda vez que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández o el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) fueron excluidos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
Adolfo Cuéllar, abogado de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, alegó una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la «indefinición» que existe en esta causa, al estar los empresarios como «cooperadores necesarios» de prevaricación y malversación y no los políticos que dieron las ayudas.
La Fiscalía recordó que fue decisión de la Sección Séptima excluir a los altos cargos, aunque la Sección Tercera juzgó al exconsejero Antonio Fernández, entre otros, por las subvenciones dadas a Acyco. Precisamente, fue este último tribunal el que aseguró que las ayudas individuales no habían sido juzgados en la pieza política y por eso sentó en el banquillo a altos cargos, pues de no hacerlo «se llegaría al efecto perverso de que juzgáramos solamente a los empresarios en delitos de prevaricación y malversación y no a las autoridades y a los responsables de la toma de decisiones a enjuiciar».
De la Borbolla se enfrenta a siete años de cárcel por haber recibido 8,4 millones en ayudas de los ERE para un entramado empresarial que lideraba vinculado al sector del corcho en la Sierra Norte. Junto a él están acusados dos empresarios y el actual alcalde de Cazalla, el socialista Sotero Martín, quien se mantiene en el sillón de la alcaldía pese a lo que dice el código ético del PSOE para casos de cargos imputados. Estos tres se enfrentan a seis años de prisión. El quinto acusado es un empleado de banco, para quien piden cuatro años de cárcel.
La defensa del exalcalde de Cazalla de la Sierra defendió las millonarias ayudas porque era una apuesta de la Junta por el sector del corcho, al tiempo que lamentó que su cliente lleva una década de «daño reputacional y con una situación económica, moral y familiar calamitosa».
Las empresas del sector del corcho del exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra recibieron 8,4 millones en ayudas