El Gobierno aprueba rebajar un 20% del IRPF a los agricultores
▶ Andalucía y Extremadura son las más beneficiadas por el decreto de sequía
A cinco días de celebrarse una macro manifestación en Madrid del mundo rural contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus políticas agrarias y ganaderas, ayer el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que palíe la situación grave de sequía. Las medidas tendrán tres frentes: fiscal, laboral e hidrológico. Las comunidades más beneficiadas serán Andalucía y Extremadura por la situación preocupante de sus cuencas respectivas, la del Guadalquivir y la del Guadiana. De la primera, con una reserva del agua inferior al 30%, se aprobó una declaración de sequía hace ya cuatro meses, cuyo decreto aún no ha visto la luz.
El real decreto de ayer recoge una reducción del 20% en los módulos del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), por la que se estima una reducción de la base imponible de más de 500 millones de euros. Desde el Ejecutivo han estimado en 918.000 agricultores y ganaderos los beneficiarios de esta medida. El decreto también incluye la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para los productores agrarios cuyas explotaciones hayan visto mermadas sus rendimientos por falta de agua. Además, la norma recoge otras disposiciones relacionadas con el ámbito laboral y de política hidráulica. El ministro de Agricultura, Luis Planas, calificó como «potente» el paquete de medidas y estimó su impacto en unos 450 millones de euros. De cualquier forma, el ministro añadió que todas estas decisiones esperan que se complementen con otras medidas que adopte Bruselas, como el incremento y flexibilización de los adelantos de los pagos de la PAC (Política Agraria Común). En materia de empleo se abre la puerta al aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social para empresas dadas de alta en el Sistema Especial Agrario y para los autónomos incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA) con un interés del 0,5%. En el caso de las empresas, el periodo de devengo será entre los meses de marzo a mayo de 2022 y para los trabajadores por cuenta propia, de abril a junio. De igual modo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas de 35 a 20 para poder acceder al subsidio por desempleo y a la renta agraria (el antiguo PER) para los trabajadores eventuales residentes en Andalucía y Extremadura. Esto afecta a los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que trabajen en estas dos comunidades. Cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Todo esto afecta a la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.
Agricultura aprobó también líneas de financiación por 2,7 millones de euros por las que subvencionará el coste de los avales de la Saeca, Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Además, habrá una dotación extra de 11 millones de euros destinados al Plan de Seguros Agrarios Combinados.
En el ámbito hidrológico, el Gobierno ha fijado un precio para el agua procedente de desaladoras de titularidad pública de hasta 0,450 euros por metro cúbico en toma de riego y con el coste del agua tomada de la Conducción Júcar-Vanolopó se han fijado precios por metro cúbico de 0,295 euros en toma de postravase. Se trata de compensar de alguna manera el alza de la luz.