PSOE y PP cierran filas para repartirse Protección de Datos con apoyo de Bildu, Podemos y ERC
El PSOE y el PP cerraron filas ayer en el Congreso para seguir adelante con el controvertido proceso para nombrar a los nuevos máximos responsables de la Agencia de Protección de Datos (AEPD). Socialistas y populares contaron ayer en este caso con el respaldo de Podemos, Bildu y Esquerra. Ciudadanos (Cs), que lidera la oposición a este polémico trámite, solo ha contado en la Junta de Portavoces con el respaldo de Teruel Existe y la abstención del PNV y Junts.
Gobierno y PP pactaron repartirse esos cargos de la AEPD en octubre, a la par que acordaron la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El problema es que, a diferencia de estos tres últimos órganos, para los que la ley contempla el pacto político como fórmula de nombramiento, en el caso de la Agencia de Protección de Datos es obligatorio que la presidencia y su adjunto se elijan con un proceso selectivo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Ajenos a este requisito, el Gobierno y el PP anunciaron en octubre quiénes serán la nueva presidenta de la AEPD y su adjunto: Belén Cardona y Borja Adsuara. Primero decidieron los nombres y un mes después convocaron el concurso de méritos, sin baremo para puntuar a los aspirantes. Además, el Gobierno readaptó el procedimiento, para descargar en el Congreso la responsabilidad. Y ahí se encuentra ahora mismo el trámite, que sigue el guión pactado hace cinco meses entre el ministro Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Dudas de legalidad
Cs ha pedido que el Congreso no entre en lo que se considera un amaño declarado, que rechace el expediente que le ha enviado el Gobierno, por irregular. Pese a que la normativa reguladora establece que al Congreso solo le toca ratificar la selección hecha previamente por el Consejo de Ministros –previo informe del tribunal calificador–, esta vez el Gobierno ha enviado al Parlamento dos ternas para que la elección la consume su comisión de Justicia –en cada terna, una para la presidencia y otra para su adjunto, están los elegidos de antemano por el Ejecutivo y el PP en su arreglo de octubre–. Cs tampoco ha conseguido que la Mesa del Congreso recabe de los servicios jurídicos de la Cámara un informe de legalidad sobre este polémico proceso selectivo.