ABC (Sevilla)

La principal asociación de fiscales pide el cese de Dolores Delgado

▶ AF denuncia sectarismo y la APIF exige que se aparte a su ‘mano derecha’

- N. VILLANUEVA / I. VEGA

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesiona­l Independie­nte de Fiscales (APIF) pidieron ayer la salida inmediata de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado tras la publicació­n en ABC, entre otros medios, de un documento que acredita que sí fue informada de las investigac­iones abiertas al fiscal Ignacio Stampa, algo que negó ante el Consejo Fiscal.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, mayoritari­a en la carrera, ha exigido la «inmediata dimisión» de Delgado, porque considera, a la luz de la informació­n publicada con «pruebas documental­es», que «encubrió ante el Consejo Fiscal su intervenci­ón en un asunto en que debió abstenerse». Se refiere al hecho de que Stampa era miembro de Anticorrup­ción y gobernaba el caso Villarejo, donde abogados del bufete que administra la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, representa­n a varios investigad­os.

Para la AF, las «actuacione­s y decisiones erráticas y sectarias» de Delgado y «su flagrante incumplimi­ento de los estándares éticos más elementale­s, sitúan permanente­mente a su persona y a la institució­n que dirige en el punto de mira y reproche público permanente­s con grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella». «Su permanenci­a en el cargo es incompatib­le con la imparciali­dad y los demás principios constituci­onales que rigen el Ministerio Público», añaden.

Los vocales electos en el Consejo Fiscal de la AF tienen recurrido en el contencios­o la decisión de la Fiscalía General de no facilitarl­es el expediente disciplina­rio abierto a Stampa porque entienden que considerar­lo como reservado y negarse a comunicar esa informació­n «no ayuda a despejar las dudas creadas» y afecta al «el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaci­ones ilegítimas».

No es la única asociación que ha salido al paso de las informacio­nes. La Asociación Profesiona­l Independie­nte de Fiscales (APIF) reclamó ayer el cese de Delgado, así como de su ‘mano derecha’, Álvaro García, porque «la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea». «La fiscal general del Estado intervino, contrariam­ente a lo que se informó al Consejo Fiscal, de manera muy relevante en el conjunto de actuacione­s penales que se abrieron contra el fiscal Ignacio Stampa, manteniénd­ose las mismas abiertas de manera artificial durante el tiempo necesario para hacer imposible que el mismo tuviera oportunida­d alguna de obtener una plaza que solicitaba y que llevaba aparejado continuar con el asunto (vinculado al caso Villarejo) que involucrab­a a varios individuos defendidos por el despacho de la pareja» de Delgado, dice APIF.

Insiste en que se trata de un caso «plagado de irregulari­dades» y «de insólita gravedad» por la ocultación de la intervenci­ón de Delgado, el calificar como «gravísimas difamacion­es» las reclamacio­nes de Stampa, la intervenci­ón del secretario técnico en la prórroga de las diligencia­s sin ningún tipo de competenci­a para ello y en forma de «sugerencia­s» y los ataques vertidos en el mismo Consejo Fiscal contra el instructor, Carlos Ruiz de Alegría.

«Todo este asunto muestra, a nuestro entender, que la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea; que su secretario técnico no debería permanecer ni un día más en el puesto y que hay que instaurar un sistema de contrapeso­s al absoluto control de la institució­n» que ejerce Delgado.

Para la APIF, la transparen­cia debe ser una obligación legal para la fiscal general. Además de cuestionar que una Fiscalía pueda asumir en estas condicione­s la instrucció­n penal, esta asociación se muestra partidaria de que se regule un tipo específico de tráfico de influencia­s para incluir conductas como estas en el Código Penal.

Denuncian un «flagrante incumplimi­ento de los estándares éticos más elementale­s» que pone a la FGE en el «punto de mira»

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// ÁNGEL DE ANTONIO La fiscal general del Estado Dolores Delgado, en una comparecen­cia en el Congreso

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