El Gobierno paraliza la concesión de ‘golden visa’ a inversores rusos
▶ La herramienta ha sido clave desde 2013 para dinamizar el mercado inmobiliario de lujo
El Gobierno ha decidido bloquear de manera temporal para los ciudadanos rusos el canal exprés para conseguir un permiso de residencia en España que la legislación doméstica ofrece a todos aquellos extracomunitarios que estén dispuestos a hacer una fuerte inversión económica o financiera en España, más conocido como ‘visado dorado’ o ‘golden visa’, según confirman fuentes gubernamentales.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dictó hace unos días una orden interna para suspender de inmediato la concesión de este tipo de visados a los ciudadanos de Rusia y para paralizar todos los permisos de residencia actualmente en trámite, en el marco de las medidas sancionadoras aprobadas por la Comisión Europea en respuesta al ataque ruso sobre Ucrania, explican fuentes de la Oficina de Información Diplomática.
La medida adoptada desde Exteriores apela de forma directa al Ministerio de Industria, del que depende la red de oficinas comerciales de España en el extranjero desde las que se pueden solicitar este tipo de visados, y también Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se ubica la Unidad de Grandes Empresas, que es la encargada de tramitar administrativamente la concesión de estas ‘golden visa’.
Con esta decisión, el Gobierno de España va más allá del marco aprobado por Bruselas, que únicamente obligaba a los estados miembros a bloquear la concesión de visados al personal diplomático y político de Rusia y al listado de personalidades de aquel país sancionadas por la Unión Europea.
Un chollo inmobiliario
Los permisos de residencia a inversores o ‘visados de oro’, utilizados con éxito desde hace lustros por países como Malta, aterrizaron en el ordenamiento español en plena resaca de la crisis financiera, en 2013, dentro de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.
En un país noqueado por la crisis y sin acceso a los mercados financieros para financiarse, el Gobierno jugó la baza de explotar el atractivo turístico del España para atraer a inversores extranjeros. Desde entonces, estos pueden obtener un permiso de residencia en España si adquieren un inmueble por más de 500.000 euros, si invierten más de un millón de euros en acciones o participaciones en empresas españolas o si adquieren más de dos millones de euros de deuda española.
El instrumento ha funcionado. Desde su aprobación en 2013, y según datos oficiales del Ministerio de Exteriores, el Gobierno ha concedido 1.005 permisos de residencia a inversores rusos, de los cuales nueve de cada diez se han otorgado gracias a una inversión inmobiliaria (ver gráfico).
De hecho, el capital atraído por las ‘golden visa’ fue clave para sostener el sector inmobiliario durante los años más duros de la crisis financiera. Según un reciente informe del Parlamento Europeo, entre 2013 y 2017 el 15% de las operaciones de compra de vivienda por parte de extranjeros tuvieron relación con este tipo de visados. Su popularidad ha sido tal que ha alentado un nicho de negocio para bufetes de abogados e inmobiliarias especialistas en ‘golden visa’. Unos negocios que ahora consideran que el veto del Gobierno puede ser considerado incluso «discriminatorio», pese a estar avalado en cierta medida desde Bruselas.
El dinero ruso ha sido uno de los grandes animadores del mercado inmobiliario de lujo en los últimos años. Según los datos del Colegio de Registradores, en 2021 los naturales de Rusia adquirieron 159 inmuebles de más de 500.000 euros, por encima de los estadounidenses (115) y los chinos (57). Y eso que la cifra se ha reducido des
Inmobiliarias y bufetes de abogados especializados en ‘golden visa’ consideran que la medida del Gobierno puede ser «discriminatoria»
de que estalló el conflicto en la península de Crimea, ya que en 2014 los rusos adquirieron en España 315 inmuebles de más de medio millón de euros.
Alicante, Barcelona y Málaga han sido las tres provincias más atractivas para estos compradores. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) ya ha reclamado al Gobierno mantener las ‘golden visa’ y «no criminalizar a los ciudadanos rusos, ya que la mayoría de ellos no apoyan el conflicto».
Las compras protagonizadas por los rusos se han frenado en seco y decenas de instituciones miran con lupa cada movimiento del capital ruso en España. Fuentes del Colegio de Registradores explican que desde el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), integrado en esta organización, se realiza una búsqueda constante de los bienes que puedan poseer cualquiera de las 862 personas o 53 entidades sancionadas por sus lazos con el Kremlin. Cualquier operación con estos bienes queda ahora bloqueada.
Una herramienta polémica
La crisis de Ucrania y el hecho de que los rusos hayan sido de los mayores usuarios de esta herramienta han puesto las ‘golden visa’ en el punto de mira. La pasada semana el Parlamento Europeo aprobó una iniciativa legislativa para prohibir la concesión de la ciudadanía europea a golpe de inversión y establecer una serie de reglas comunes para la concesión de las controvertidas ‘golden visa’.
La iniciativa pretende forzar la realización de una auditoría a los solicitantes de estos visados, exigir un periodo mínimo de residencia en la UE y realizar una regulación más selectiva de las inversiones, de modo que aporten valor añadido a la economía.
Transparencia Internacional lleva años denunciando el uso indiscriminado de este tipo de visados en la UE, que en su opinión pueden ocultar operaciones de blanqueo de capitales.
‘El pago de 117 millones que deja a Rusia al borde de la bancarrota’ [20]