El principal implicado del PSOE en el caso Marismas se aferra a su aforamiento para callar
▶ El parlamentario Sánchez Teruel estaba citado ayer pero no declaró y ahora será llamado por el TSJA
El parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel pisó ayer el juzgado de Sevilla que está investigando el caso Marismas, donde están bajo sospecha el uso de una subvención de 40 millones de euros en fondos europeos destinados a la modernización de las Marismas del Guadalquivir, desde Lebrija hasta Dos Hermanas, un proyecto cuyas obras nunca llegaron a realizarse aunque se justificaron con certificaciones falsas. También se analiza si el concurso de la adjudicación de las obras fue amañado. Todo esto ocurrió hace más de quince años. Entonces el dirigente socialista era director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura del Gobierno andaluz. Ahora sigue siendo aforado por ser miembro de la Cámara autonómica, condición a la que se aferra para, de momento, no dar explicaciones sobre su papel.
La Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor Juan Gutiérrez Casillas apuntan que Sánchez Teruel, por su cargo en la Consejería de Agricultura, debe dar explicaciones. En este sentido, el Ministerio Público sostiene que el que fuera director general de Regadíos de la Junta desempeñó una labor «que es necesario esclarecer» en el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para modernizar las infraestructuras de regadíos de esta comarca sevillana.
En este sentido, el Ministerio Público, ha expuesto en uno de sus escritos que obran en la causa que «existen elementos que permiten atribuir» a Sánchez Teruel, miembro del núcleo duro de la fuera líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, «cierta participación en los hechos» y recuerda que desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir declararon que «se recibieron presiones» por parte del hoy diputado socialista «para elegir cierta unión temporal de empresas (UTE) bajo la amenaza de no poder llegar a concluir la obra».
Fueron las acusaciones del PP y de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir quienes insistieron ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla la importancia de la citación como investigado de Sánchez Teruel y no postergarla ‘sine die’.
En el escrito de la acusación que representa los intereses de los regantes se señala que la Guardia Civil le atribuye al diputado delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones por su participación en el supuesto amaño. Atendiendo a esta petición, que contaba con el respaldo de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó al juez instructor citarlo como investigado, lo que hizo en un auto del pasado mes de febrero.
En dicha resolución, el juez señalaba que el socialista Sánchez Teruel, como consecuencia de las funciones de su cargo en la Consejería de Agricultura, «podría, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación» que se remontan a 2005 y que pueden ser constitutivos de un delito de malversación y de prevaricación, así como falsedad, negociación prohibida a funcionarios públicos o tráfico de influencias.
En el auto del pasado mes de febrero, el juez acordaba la citación de Sánchez Teruel como parte investigada. El objetivo de dicha citación era que fuera instruido debidamente de sus derechos, ejerciera su derecho de defensa, tuviera acceso a la instrucción de la causa y prestara declaración «voluntaria» para esclarecer los hechos.
Y eso hizo Sánchez Teruel ayer, salvo lo de contar lo que sabe de los hechos investigados. Estaba citado a las once de la mañana. Se presentó casi dos horas antes para que en el despacho del juez no estuvieran presentes los abogados de las partes. También evitó ser captado por los reporteros gráficos a su entrada en los juzgados de la capital andaluza.
Su declaración era voluntaria, pero por su decisión de ayer todo hace indicar que hará caso omiso a esta opción y se aferrará a su condición de aforado por su cargo de parlamentario andaluz y no se someterá a las preguntas del juez instructor para esclarecer su posible participación en lo hechos. Ante este más que probable panorama, el juez instructor elevará un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano judicial competente para investigar a los aforados andaluces, para informarle de su condición de investigado. Entonces, tendrá que ser al Alto Tribunal Andaluz quien se ocupe de citarlo a declarar en Granada. Queda por saber si lo hará al final de la instrucción o en próximas semanas.
El dirigente socialista era director general de Regadíos de la Junta cuando se produjeron los hechos investigados