Veinte denuncias ante la oficina antifraude que no ha empezado a funcionar

Hace cinco meses, el Parlamento de Andalucía nombró a Ricardo Puyol, magistrado de oficio, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, un órgano que depende de la Cámara autonómica y que tiene como objetivo evitar que se repitan casos como los ERE, la Faffe o Formación.

En este plazo, la oficina ha registrado 20 denuncias sobre corrupción y ha recibido la petición de «personas que han empezado a solicitar protección», según explicó ayer Puyol. Sin embargo, este organismo no cuenta todavía ni con personal suficiente para trabajar en profundidad ni tampoco con un reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento.

Puyol compareció ayer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, donde se lamentó de que «todavía no hemos podido empezar a funcionar», por lo que pidió a los grupos parlamentarios que «se pongan las pilas» porque «no puedo dar curso a la denuncia». Ricardo Puyol ha elaborado un reglamento de funcionamiento que está en manos de los grupos parlamentarios y los ha instado, tras reconocer su derecho a presentar enmiendas al Reglamento, a que «no se demoren».«Tengo ganas de empezar a funcionar».

«La corrupción ha afectado a gobiernos de izquierda y derecha y es un problema que tenemos que abordar». El director de la Oficina antifraude afirmó que «la corrupción cuesta mucho dinero al país, no sólo como suma aritmética», precisó para apoyarse en un estudio de la Fundación BBVA y esgrimir «la pérdida de confianza, de oportunidad» y afirmar «la desviación de 1 ó 2 puntos del PIB» en la repercusión de los casos de corrupción.

«La corrupción es un elemento detonante de cambios políticos a nivel nacional, autonómico, a izquierda y derecha, nos afecta a todos. La puesta en marcha de la Oficina antifraude es una institución necesaria que va a convertir a Andalucía en frontispicio, en pionera en la lucha preventiva contra la corrupción».

Ricardo Puyol aseguró que «no tengo afiliación política, pero tengo ideología como todos los que estamos aquí. La función primordial es de carácter preventivo y ya he apreciado indicio racional de criminalidad entre las 20 denuncias contabilizadas».