Lula frena la proliferación de armas y la privatización de empresas
▶El nuevo presidente brasileño comienza su mandato revocando las medidas más polémicas de Bolsonaro ▶Acaba con la minería en áreas indígenas y congela la bajada de impuestos a las grandes empresas
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó con una serie de cambios simbólicos y prácticos para mostrar que será muy diferente al anterior, entre ellos, la revocación de decretos firmados por Jair Bolsonaro, algunos de ellos en los últimos días antes de dejar el cargo. Brasilia amaneció con carteles con el nuevo eslogan de la gestión exhibidos el domingo durante la investidura. El lema «Patria amada, Brasil», cambió a «Unión y Reconstrucción», que Lula promete dejar como las marcas de su mandato.
Al asumir su tercer mandato el pasado domingo, Lula comenzó a firmar decretos de revocación que su equipo de transición había elegido como los más importantes y simbólicos. Uno de los primeros fue el decreto que reduce el acceso a armas y municiones y suspende el registro de nuevas armas de uso restringido para cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas (CAC por las siglas en portugués). También suspendió las autorizaciones para nuevos clubes de tiro hasta que se publique una nueva normativa. «En nombre de la seguridad de la población brasileña», declaró en su primer discurso, enfatizando que los brasileños necesitaban libros. Con el nuevo decreto, se exigirán más requisitos para portar un arma. Con Bolsonaro bastaba una simple declaración.
El documento también determina la reinscripción en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), de la Policía Federal, en 60 días, de todas las armas adquiridas a partir de 2019 y prohíbe el transporte de un arma con munición, la práctica del tiro deportivo para menores de 18 años y la reducción de seis a tres en la cantidad de armas para los ciudadanos de a pie. En el decreto, Lula pidió la creación de un grupo de trabajo para proponer en 60 días una nueva regulación del Estatuto de
Desarme para la ciudadanía.
Este es uno de los puntos más sensibles entre Lula y los electores de Jair Bolsonaro. Según las ONG Instituto Sou da Paz (Soy de la Paz) e Igarapé, Brasil tiene un millón de armas en circulación en manos de cazadores, tiradores y coleccionistas. La cifra es casi tres veces mayor que en 2018, cuando Bolsonaro fue elegido presidente.
Lula también solicitó la retirada inmediata del programa de privatizaciones de empresas como la petrolera Petrobras, la de Correos y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), que produce la prensa oficial. Lula justificó la necesidad de «garantizar un análisis riguroso de los impactos de la privatización en el servicio público o en el mercado».
Pidió, a su vez, el aumento del pago de 600 reales de la Ayuda Brasil (ahora rebautizada Bolsa Familia) para las familias más pobres; la extensión de la exoneración sobre los precios de combustibles; y la inclusión garantizada a la educación.
Documentos oficiales
El presidente determinó que la Controlaría General de la Unión (CGU) reevalúe en 30 días uno de los decretos más polémicos de Bolsonaro, el secreto de 100 años sobre documentos, gastos presidenciales y otras informaciones consideradas incompatibles con la ley de transparencia, creada por el petista en sus mandatos anteriores.
Otro decreto importante revocado fue el que permitía la minería en áreas indígenas y de protección ambiental y una de sus principales promesas a los pueblos indígenas y a los organismos internacionales preocupados con el cambio climático. Durante el Gobierno de Bolsonaro la deforestación en la Amazonía aumentó un 73%, el nivel más alto en 15 años y la minería avanzó sobre territorios indígenas antes protegidos, como el Yanomami que sufre con la devastación, la contaminación de sus ríos y la desnutrición.
Lula también restableció el Fondo Amazonia cuyos órganos estatales habían sido disueltos por Bolsonaro, en desacuerdo con los países donantes, Noruega y Alemania. Tras la salida de Bolsonaro, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) firmó un contrato con KfW, el banco estatal de desarrollo de Alemania, que donó 35 millones de euros al fondo. Otra medida clave fue el restablecimiento de la participación de la sociedad civil en temas ambientales.
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