Andalucía dispone aún de 26 millones para instalar fotovoltaica en viviendas
AUTOCONSUMO
Tras agotarse los 97,2 millones de euros que tenía la Junta de Andalucía para ayudas al autoconsumo energético en marzo de 2022, el pasado mes de noviembre la comunidad autónoma recibió otros 102 millones para estas subvenciones, financiadas con fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En solo dos meses, se han otorgados otros 76 millones de euros, por lo que de los casi 199 millones de que disponía, ya ha comprometido el 87% de los fondos, por lo que quedan disponibles aún 26 millones de euros.
Hasta el momento, la Administración autonómica ha aprobado 24.600 solicitudes por un importe de 173 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Industria, cuyo titular es Jorge Paradela. Del total, 143,2 millones de esas ayudas han ido a generación eléctrica, 19,4 millones a almacenamiento y 10,4 millones a renovables térmicas.Las solicitudes han sido realizadas por particulares, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, sector servicios y otros sectores productivos de Andalucía, muchas de las cuales estaban en lista de reserva provisional porque no no se les pudo dar trámite por agotamiento de los fondos el pasado mes de marzo. Con la ampliación en noviembre del capítulo de estas ayudas por 102 millones de euros se han podido atender el resto de solicitudes, indican fuentes de Industria.La ampliación del presupuesto de este programa lleva aparejada una serie de cambios en determinados requisitos técnicos y trámites derivados del Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que deberán ser acreditados tanto por los beneficiarios de las solicitudes de incentivo.
Al menos cinco años
Así, en función del Plan de medidas antifraude para la gestión de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Andalucía, una de las nuevas obligaciones que tendrán que cumplir las personas y entidades beneficiarias, así como los contratistas y subcontratistas adjudicatarios de los contratos públicos, con la obligación de mantener la propiedad de las instalaciones incentivadas durante, al menos, cinco años desde el pago del incentivo.