Diálogo de sordos sobre Doñana: la Junta no cede y el Gobierno le amenaza
▶La ministra Ribera rechaza reunirse mientras siga en pie el plan de regadíos: «No negociamos ilegalidades» ▶El Ejecutivo andaluz le replica que «ni puede ni quiere» renunciar al proyecto y reta al PSOE a plantear alternativas Estaciones depuradoras de ag
El Gobierno y la Junta de Andalucía circulan por caminos que no se cruzan para solucionar el choque entre la naturaleza y la agricultura intensiva de frutos rojos en el entorno de Doñana. Desde el 3 de marzo pasado, cuando el PP y Vox registraron en el Parlamento andaluz una proposición de ley conjunta para regularizar los regadíos al norte de la corona forestal de la mayor reserva ecológica de Europa, no ha habido un solo día de tregua. El paso de los días no ha hecho más que ahondar las diferencias entre ambas administraciones, incapaces de llegar a un punto de entendimiento y dedicadas a repartirse mutuamente las culpas por el bloqueo en el que están instaladas.
El inmovilismo es total. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, descartó ayer tajantemente tan siquiera reunirse con la Junta de Andalucía mientras se siga tramitando el plan de regadíos, que causa «profunda preocupación» a la Comisión Europea. «No vamos a negociar ilegalidades», insistió la ministra para la Transición Ecológica, tras el Consejo de Ministros. «Tan pronto la proposición quede expresamente descartada», indicó, «no tendremos problemas en hablar». El problema es que la premisa mayor para que el diálogo se abra paso en este asunto, que es la retirada de la proposición, no se va a producir, al menos por ahora.
La amenaza del Gobierno no ha cambiado la hoja de ruta de la Junta de Andalucía, que «ni quiere ni puede renunciar» a solucionar un problema que afecta a cientos de familias del condado de Huelva, subrayó ayer el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. Se refería a las familias que reclaman derechos históricos para cultivar las tierras que quedaron excluidas el anterior plan
El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer el tercer decreto contra la sequía, que contempla destinar 163 millones de euros en obras hidráulicas y en ayudas. Con ello se prevé facilitar 184 hectómetros cúbicos para abastecimiento y riego, con los que beneficiar a casi tres millones de andaluces. Es el tercer decreto aprobado, que eleva a 300 millones de euros para afrontar la sequía, detalló la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Carmen Crespo reclamó al Gobierno central que de forma urgente ponga en marcha rebajas fiscales para los agricultores y ganaderos afectados. de la Corona Norte, impulsado por un Gobierno del PSOE en el año 2014,
Al último aviso de Ribera, el también portavoz del Gobierno de Juanma Moreno respondió invitándola a poner «sitio y hora» para celebrar un encuentro y a plantear «alternativas» para resolver el problema social y económico. «¿A qué tienen miedo en el Gobierno?, ¿por qué no quieren hablar con la Junta, por qué esa agresividad hacia Andalucía y esa docilidad hacia otras administraciones públicas territoriales en nuestro país que plantean retos al Estado de muchísimo más calado de lo que estamos hablando?», se preguntaba Fernández-Pacheco.
El peaje de no renunciar
El cruce de reproches no ha cesado desde Madrid a Sevilla y viceversa. La vicepresidenta interpreta que Bruselas le ha dado a la Junta un aviso «muy serio» y que están «tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero». «Lo más importante es dejar de hacer daño al conjunto de los españoles, dejar de menospreciar el impacto de lo que están haciendo y, sobre el respeto a las normas nacionales e internacionales, ponernos a trabajar», advirtió.
Fernández-Pacheco replicó que la Junta «no ha cometido ninguna ilegalidad ni tampoco el Parlamento», puesto que no se ha aprobado ningún texto. La norma está en proceso de tramitación y «no hay ningún texto aprobado». Ahora los grupos de la Cámara tienen la posibilidad de invitar
Se están ejecutando las estaciones del entorno que son de competencia autonómica y financiando la mitad que promueve el Gobierno en Matalascañas o Sanlúcar de Barrameda. a agentes sociales a comparecer en el Parlamento para opinar sobre la misma y dar así ideas para la formulación de enmiendas por parte de los grupos políticos, precisó el consejero. Sin embargo, ni el PSOE ni Por Andalucía (donde están IU y Podemos) van a presentar enmiendas. Dicen, como la ministra, que no hay nada que negociar.
La condena judicial
Sólo en algo coinciden ambos gobiernos: en su deseo de acabar con las extracciones ilegales de agua y las destinadas al abastecimiento urbano que están agotando este recurso subterráneo, más escaso que nunca por la sequía, que discurre bajo la comarca de Doñana y nutre las marismas, los humedales y el bosque mediterráneo del espacio protegido. Tales incumplimientos se saldaron en junio de 2021 con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó a España por hacer la vista gorda a la sobreexplotación del acuífero y las lagunas de Doñana y por su inacción a la hora de proteger la amenazada biodiversidad de la reserva.
La Comisión Europea ha vuelto a