Los funcionarios de Justicia en huelga piden la dimisión de Llop «por su incapacidad»
▶ Aumentan su presión al ministerio con paros totales hasta que les suban el sueldo
Los funcionarios de la Administración de Justicia pidieron ayer la dimisión de la ministra Pilar Llop por su «absoluta incapacidad» para dar una solución a una huelga que, en su segunda semana, ya ha provocado la suspensión de más de cuatro millones de actuaciones procesales.
Tras el fracaso de la segunda reunión con el ministerio, los sindicatos que representan al personal que comparte el día a día en los juzgados con letrados de la Administración de Justicia y jueces anunciaron un endurecimiento de sus movilizaciones, de forma que transformarán los paros parciales en jornadas de huelga general. Todos ellos (CSIF, STAJ, UGT y CC.OO.) consideran un «absoluto desprecio» al conflicto que hay sobre la mesa que la ministra estuviera ayer en la Feria de abril «con rebujito, jamón y gambas» en vez de estar preocupada por la negociación.
«La ministra prefiere estar en la feria que atendiendo a los trabajadores de la Administración de Justicia. Por su absoluta incapacidad para solucionar un conflicto muy grave los integrantes del comité de huelga exigimos su dimisión y si no, se lo pediremos al presidente del Gobierno», dijo el portavoz de STAJ, José Luis Fernández.
Además de la ya prevista jornada de paro total del 4 de mayo, el comité añade ahora los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de ese mismo mes. Precisamente el día 16 es la fecha en la que jueces y fiscales prevén empezar su huelga indefinida si Justicia no atiende sus reivindicaciones en la mesa de retribuciones del próximo día 3. De ser así, el único personal que no estaría en huelga en los juzgados serían los letrados judiciales, que, tras dos meses de paro, consiguieron a finales de marzo una subida mensual de entre 430 y 450 euros.
Según explicaron los representantes del comité de huelga en rueda de prensa ayer, la negociación «ha ido hacia atrás» y los funcionarios no piensan parar hasta que Justicia no ponga una propuesta económica sobre la mesa. «Con su actitud de bloqueo a cualquier incremento retributivo el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública abocan a la Administración de Justicia a un colapso total», señalaron.
A su juicio, Función Pública no puede mirar para otro lado y «debe autorizar la cobertura económica de la negociación al igual que hizo en el conflicto de letrados de la Administración de Justicia». Consideran que las reivindicaciones del personal de Justicia están plenamente justificadas porque llevan tiempo asumiendo funciones que, con la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano, no les corresponden. Recuerdan, además, que la Ley de Eficiencia Organizativa (ahora en trámite parlamentario) afecta a toda la oficina judicial y no sólo a los Letrados de la Administración de Justicia.