La Fiscalía no abrirá la vía para ilegalizar Bildu porque es «una formación democrática»

▸ Ayuso insiste en que los miembros de la coalición ‘abertzale’ «son ETA, no los herederos de ETA»

«En atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere la Ley de Partidos, pues no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas».

Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía General del Estado, que ayer difundió un informe técnico suscrito por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y el fiscal de Sala de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, sobre la posibilidad de ilegalizar a EH Bildu a la luz de que 44 integrantes de sus listas al 28-M son etarras con sentencia firme. Lo pedían el sindicato policial Jupol y Dignidad y Justicia, pero la respuesta lo es para todas las voces que se han alzado estos días a favor de censurar a la formación abertzale, incluida la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El análisis, encargado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, repasa en una decena de páginas la doctrina sobre la Ley de Partidos y se centra en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2011, permitió a Bildu concurrir a las elecciones al entender que era una coalición integrada por partidos que «condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional».

Para los fiscales, si «ni siquiera» entonces se establecieron vínculos directos de la formación con algún partido ilegalizado previamente ni se hallaron indicios objetivos de relación con ETA, ahora tampoco: no hay «partido político declarado judicialmente ilegal o disuelto» al que Bildu hoy esté dando continuación.

En su opinión, no cabe así la posibilidad de ilegalizar EH Bildu ni tampoco de impugnar las 44 candidaturas de etarras. Según razona, a la luz de la Ley de Partidos no sería posible porque «exige la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales cuando se haga de modo regular y no meramente ocasional». Y en el contexto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, tampoco se podría. Por un lado, porque ya ha vencido el plazo de impugnación y, por otro, porque ninguno de los etarras está inhabilitado judicialmente.

Descarta el contencioso

Conceden que existe otra vía y es que el Ministerio Público o la Abogacía del Estado planteen un contencioso electoral, pero igualmente descartan que en este caso sea posible porque, explican, a día de hoy «no hay elementos de convicción, ni tampoco indicios objetivos que permitan formalizar una demanda». «No se aprecian los elementos de hecho y los fundamentos jurídicos suficientes como para impugnar determinadas candidaturas de la coalición EHBildu o la exclusión de algunas personas integrantes de las mismas», señalan.

Subrayan además la necesidad de «tener en cuenta que ETA, como tal organización, y las personas que la componían, no han vuelto a cometer hechos delictivos desde el año 2011 y ha sido disuelta años más tarde, lo que es otro elemento que valorar a la hora de decidir la impugnación de candidaturas o su exclusión». Dice de los 44 etarras señalados que «ya han cumplido sus condenas y no consta, acreditado por indicios objetivos, que muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al servicio de sus fines e ideales políticos». Por eso, «no se aprecia razón alguna para impugnar aquellas candidaturas o solicitar la exclusión de algunos de los miembros de aquellas».

En el Partido Popular, Ayuso se desmarcó de la línea oficial fijada por Génova y volvió a pedir la ilegalización de los de Otegi. «Bildu no son los herederos de ETA, es ETA», advirtió en un desayuno informativo organizado por Europa Press. A su juicio, hay mecanismos para poder sopesarlo, por lo que no considera que sea «ir contra la ley». «Por lo menos podríamos valorarlo», señaló.