Un despacho que defiende al Congo, Sudán y Venezuela
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desembolsado ya más de 70 millones de euros en los últimos años para defender los intereses de nuestro país en arbitrajes internacionales.
Hace un mes, contrató por 1,7 millones de euros, sin concurso público, al bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LL, de Nueva York, un «prestigioso despacho», según el Ejecutivo español, especializado en casos de la República del Congo, Sudán del Sur, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Kuwait, Kazajistán, Chipre, Rumanía, India, Uganda, República Dominicana y Venezuela (la petrolera estatal Pdvsa), según la propia web del citado bufete.
pagar las indemnizaciones recogidas en los laudos. Y la segunda ha utilizado uno de los casos de España para defender sus impagos», afirma un abogado conocedor de estos arbitrajes.
Curiosamente, el caso elegido por la Federación Rusa y que afecta a nuestro país, el de Infrared, es el que propició que –como informamos en estas páginas– el Tribunal Superior de Londres decretara tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser resarcidas por el Estado español, otorgaría a Infrared (Blasket Renewable Investments LL) la garantía de ejecutar la propiedad de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como de la sede de la Agencia per a la Competitivitat de L’Empresa, una de las ‘embajadas’ comerciales de la Generalitat de Cataluña. Además, dictó la congelación de las cuentas bancarias controladas por el Instituto Cervantes que están en el Banco Santander.
Los Falcon y el Prestige
Asimismo, el citado Tribunal Superior de Londres también ha emitido una orden provisional que permite a los titulares del laudo de Antin embargar 120 millones de euros de la reclamación de 925 millones de euros del Gobierno español a The London SteamShip Owners Mutual Insurance Association tras el vertido de petróleo del Prestige en 2003.
En este punto hay que subrayar que inversores afectados en otros casos han elaborado listas de bienes que podrían ser objeto de embargos en EE.UU. y Australia, entre los que se encuentran los aviones Falcon que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez y activos de Navantia.