LA ‘REVOLUCIÓN’ DOMÉSTICA DE DÍAZ
El decreto sobre trabajo doméstico que prepara la vicepresidenta iguala a las familias con las empresas, obligándolas a cumplir protocolos de riesgo laboral, igualdad y contra el acoso
LA vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planea llevar al Consejo de Ministros un real decreto que revolucionará la situación de los trabajadores del hogar en el seno de las familias españolas. La intención de Díaz es tratar a los hogares como si realmente fueran empresas, planteándoles nuevas exigencias regulatorias que supondrán costes adicionales, cuando no de carácter económico, sí en términos de tiempo y atención. Según el texto al que ha accedido ABC, las políticas de prevención de riesgos laborales y los protocolos de igualdad y contra el acoso sexual, habituales en las empresas, se extenderán también al trabajo en el hogar, como si este fuera un entorno inseguro y lleno de riesgos, y no el lugar en el que hacen su vida cotidiana la mayoría de los españoles.
Con la nueva normativa, las personas que contraten ayuda doméstica tendrán que realizar una evaluación inicial de los riesgos de seguridad y salud que los hogares plantean a los trabajadores. También deberán hacerse cargo de la formación de sus empleados no sólo en sus tareas propias, sino también en la prevención de riesgos, «compensándoles con tiempo de descanso» si fuera necesario. En el caso de que existan riesgos excepcionales, los empleadores deberán costear la formación especializada. Cada tres años, los trabajadores tendrán derecho a un chequeo médico que será único aunque trabajen en varias casas y que sólo se realizará con la conformidad del trabajador. El decreto contempla medidas para garantizar «el derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres», además de protocolos contra la violencia y el acoso «por razón de sexos, identidad, expresión de genero, así como orientación sexual». La población tendrá un plazo de diez meses para adaptarse a la nueva normativa.
Se da la circunstancia de que la multiplicación de los costes que han debido afrontar las familias que acuden al trabajo doméstico ha hecho que la afiliación a la Seguridad Social de estos trabajadores se encuentre en mínimos de la última década. Los trabajadores del hogar fueron incluidos en el régimen general de la Seguridad Social en 2012. Si en 2015 se alcanzaron los 428.600 afiliados, en 2013 sólo fueron 372.117, lo que significa que se han perdido más de 55.000 cotizantes. Esta caída es un indicador del crecimiento de la informalidad en el sector, donde muchas personas prefieren pagar o cobrar en negro, aunque también se contempla la posibilidad de que muchos de ellos hayan migrado al régimen de cuidadores no profesionales de personas dependientes dado que el Estado volvió a cotizar por ellos. El trabajo doméstico, además, como afirma el mismo proyecto, es un colectivo «altamente feminizado», compuesto en un 95 por ciento por mujeres.
El proyecto patrocinado por Yolanda Díaz es un buen ejemplo de cómo una determinada mirada ideológica puede terminar alienando a la política y separándola de la realidad social sobre la cual actúa. Este es un error muy habitual en la izquierda que con este Gobierno ha impulsado normas como la ley del ‘sólo sí es sí’, cuyo efecto inmediato fue la reducción de condena para más de un millar de agresores sexuales y la libertad inmediata para más de un centenar. Ya no se trata sólo de la hiperregulación, cuyo efecto suele ser contrario al buscado, desembocando en una mayor desprotección de los grupos a los que se quiere favorecer y una anomia social que debilita el cumplimiento de las leyes, sino de un intervencionismo que desconoce cómo funcionan los hogares españoles.