El alza de cotizaciones y del salario mínimo lleva la afiliación de trabajadoras a su peor dato desde 2012

▸ En la última década se han perdido 56.682 empleadas del hogar, casi un 14%

Contratar a una empleada del hogar es ya un lujo para muchas familias. Las sucesivas subidas del salario mínimo (SMI), y de cotizaciones a la Seguridad Social han tocado el bolsillo en un contexto, además, de incremento de precios generalizado. Contratar hoy a una trabajadora del servicio doméstico a jornada completa tiene un coste de 1.323 euros brutos mensuales tras el último incremento del 5% aplicado al SMI.

A finales del pasado febrero había 371.918 ocupadas cotizando en el régimen de empleadas de hogar, la cifra más baja en más de once años. Si los datos se ponen en relación con la cifra más alta registrada en la Seguridad Social, que fue en 2015, la pérdida de trabajadoras en una década ha sido del 14%, lo que se traduce en 56.682 ocupadas menos.

¿Qué está ocurriendo? Diversas fuentes apuntan a la opción de que algunas de estas trabajadoras hayan pasado directamente a la economía sumergida, y otras a que se haya producido un trasvase de trabajadores del régimen del hogar al de cuidadoras no profesionales de personas dependientes, dado que el Estado volvió a cotizar por ellas. Desde el año 2019 las aportaciones a la Seguridad Social de estos convenios corren a cargo de la Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador no profesional. La principal ventaja para los cuidadores no profesionales, también mayoritariamente mujeres, es que de esta forma los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

Recortes de jornada

Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe en un momento, en el que el salario mínimo ha subido más de un 50% desde que gobierna Pedro Sánchez.

Desde el año 2022, además, el empleador debe cotizar por desempleo y Fogasa después de que la Justicia europea (TJUE) considerara que la norma española era discriminatoria, se oponía al derecho europeo y derivaba en una situación de «desamparo social» para este colectivo. El servicio público de empleo sigue bonificando el 80% de estas cotizaciones para mitigar su impacto en la economía de las familias.

Además, desde enero de 2023, a los costes tradicionales (el tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso será del 28,30%) se ha unido la nueva cuota adicional del 0,6% el año pasado y del 0,7% para este ejercicio que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional comprometido con Bruselas para pagar las pensiones.