Los cinco errores del juez Pedraz en su intento de vetar Telegram
El magistrado de la Audiencia Nacional ha admitido que su decisión fue «desproporcionada» Juristas ponen en duda que supiese lo que es Telegram y apuntan que su decisión carecía de sentido
Telegram seguirá siendo accesible para todos los usuarios ubicados en España. Después de notificar el pasado viernes su decisión de bloquear de forma cautelar el acceso a la aplicación debido a la no colaboración de la herramienta en un caso de propiedad intelectual, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reculó ayer y terminó dejando su orden sin efecto. Todo después de constatar que la medida era excesiva y desproporcionada, tal y como distintos juristas consultados por ABC llevan explicando desde el pasado fin de semana.
En el auto, el magistrado explicaba que «a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión se constata un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión». Además, ponía encima de la mesa el posible impacto económico que el cierre de la plataforma podría acarrear para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de este canal.
Apenas unas horas antes, el magistrado había comenzado a dar marcha atrás solicitando a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la herramienta y sobre los efectos que su desaparición podría tener en los usuarios afincados en el país. Algo que, de acuerdo con todos los expertos en derecho y tecnología consultados por este periódico, podría haber hecho antes de anunciar la suspensión del servicio.
«Parece que el juez está intentando salvar los muebles después de un calentón. Se ha dado cuenta de que la medida era desproporcionada y de que, en el fondo, no iba a servir para nada a nivel técnico», explica en conversación con este diario el abogado Borja Adsuara.
«No sé si se pensaba que Telegram era otra cosa. Una web pequeña o lo
que fuera. No tenía razón de ser. Tampoco lo tenía que esta mañana recurriese a la Policía para pedir información sobre la aplicación, es lo que debió hacer desde el principio», señala, por su parte, David Maeztu, jurista experto en tecnología.
Sede fiscal en Islas Vírgenes
El bloqueo de la Telegram fue producto de la falta de respuesta de la aplicación a cada una de las solicitudes de
datos sobre su empleo para compartir contenido protegido por derechos de autor. Todo producto de una demanda presentada por grupos de comunicación como Mediaset, Atresmedia o Movistar.
Pedraz, de acuerdo con el auto, llevaba desde el 28 de julio del año pasado solicitando información a la aplicación, y, para ello, se dirigió a las autoridades de Islas Vírgenes, donde esta tiene su sede fiscal. Pero, según explica el jurista tecnológico Sergio Carrasco, el magistrado no siguió el cauce adecuado para pedir información a la plataforma: «Telegram tiene un responsable en la Unión Europea designado, debería haber acudido como mínimo a esta vía antes de bloquear. La aplicación no ha sido notificada formalmente. Lo primero debería ser siempre hablar con Europa».
El abogado señala que, además, la propia aplicación señala en su página web el camino que deben seguir las autoridades europeas para entrar contacto, como manda la Ley de Servicios
Digitales de la UE. Ayer Pedraz apuntó que dejaría la solicitud de información en manos del legislador europeo, tal y como marca la normativa. Esta incluye multas para las compañías que no cumplan con los requerimientos de este tipo. De acuerdo con la ley, que es efectiva en suelo de la UE desde hace escasas semanas, la firma infractora puede ser multada. En caso de reincidencia, el legislador también contempla su bloqueo en suelo comunitario.
Sin acusación formal
La decisión estaba motivada por la demanda presentada por grupos de comunicación como Movistar, Mediaset y Atresmedia
El abogado Pere Simón, socio del bufete Font Advocats y coordinador del máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), remarca a este diario que el juez Pedraz ordenó el bloqueo de Telegram «sin que siquiera la aplicación fuese parte en el caso o estuviese acusada de algo». «Se adopta la medida sin escucharles. El procedimiento era para encontrar a los usuarios que usan el canal para compartir contenido protegido por derechos de autor», apunta el jurista.
«Parecía algo de cara a la galería, porque no es nada fácil de hacer. El bloqueo no tenía ningún sentido ni a nivel jurídico ni técnico»
«La decisión de cerrar Telegram parecía algo más de cara a la galería, porque no es nada sencillo hacer algo así. No tiene sentido ni a nivel jurídico ni técnico», prosigue Simón. El experto, además, hace hincapié en el hecho de que, en casos de propiedad intelectual, el problema nunca es la herramienta, ésta, y esto vale también para Telegram, se utiliza principalmente «para cosas buenas». Muchas empresas la utilizan de forma constante para organizar el trabajo; incluso hay ministerios que tienen su propio canal en la plataforma para mantener el contacto con medios de comunicación.
Libertad de expresión
Los juristas consultados, además, señalan que la orden de bloqueo podía atentar directamente contra el derecho a la libertad de expresión y de comunicación de los ciudadanos. La mayoría no tenía dudas de que, si el magistrado no hubiese dado marcha atrás, la orden, finalmente, habría sido tumbada de otra forma.
«Yo creo que el juez no sabía ni lo que era Telegram, que alguien le ha dicho, simplemente, que esta es una aplicación con sede en Islas Vírgenes. Y posiblemente pensará que es una aplicación de envío de archivos o algo así. Pero no», apunta Carrasco.
«Fíjate que además le pide después información a la Policía sobre la aplicación, que es un canal de comunicación. Y eliminarlo es algo completamente desmesurado en relación de lo que se quiere proteger y ataca la libertad de expresión de todos», prosigue el abogado.
Llama además la atención el hecho de que el magistrado se lanzase a bloquear Telegram por un tema de propiedad intelectual. Más teniendo en cuenta que esta aplicación, desde hace años, es empleada activamente para
compartir contenido de pornografía infantil y para el tráfico de drogas, entre otras cosas. Igual que ocurre con otras herramientas como WhatsApp.
Técnicamente difícil
Bloquear Telegram en España en ningún caso hubiese sido sencillo. En un primer momento, el magistrado anunció que daría a las operadoras de telecomunicaciones, entre ellas a Movistar, Orange y Vodafone, tres horas desde la recepción de la orden de bloqueo para proceder. Pero en tecnología las cosas no son tan fáciles. Y, desde luego, el cierre de una aplicación puede llevar bastante más tiempo.
Durante la mañana de ayer, ABC estuvo en contacto con la mayoría de telecos que operan en España. Todas afirmaron que, hasta el momento, no habían recibido ninguna notificación del juez para proceder. Una de ellas reconocía, además, que no sabía cómo podría cumplir con el mandato o, incluso, si sería posible a nivel técnico.
No hubiese servido
Aunque el bloqueo se hubiese llevado a cabo, difícilmente la Audiencia Nacional hubiese podido evitar que los usuarios que lo quisieran hubiesen podido continuar utilizando Telegram con total normalidad. La aplicación ya ha sido eliminada en varios países, como China o Rusia, y cuenta con herramientas que permiten, haciendo unos ajustes muy básicos, que los usuarios la mantengan operativa.
Y si no se quiere manipular la aplicación, es suficiente con descargar una VPN. Las tiendas de aplicaciones de Android y iPhone están plagadas de aplicaciones de estas características que, simplemente, permiten ocultar el lugar de conexión del usuario para que este pueda navegar desde una red privada sin restricciones. Es suficiente escribir ‘ VPN’ en el buscador de la tienda de turno para encontrar muchas ‘apps’ de esta clase muy bien valoradas por los usuarios.