Entra en vigor la reforma para evitar el fraude en los carburantes
▸ El sector desconfía de que el decreto termine con las estafas de algunas distribuidoras
Mañana entran en vigor varias modificaciones en la ley de Hidrocarburos de 1998 incluidas en el real decreto ley aprobado en diciembre pasado sobre medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y los efectos de la sequía. El objetivo principal de estos cambios es eliminar el fraude en los carburantes en nuestro país, que alcanza los mil millones de euros al año, según diversas fuentes. Sólo en el listado de la Agencia Tributaria de sociedades defraudadoras había el año pasado 33 compañías que sumaban 461 millones de euros. Otras empresas están siendo investigadas y, muchas más, han desaparecido.
El origen de ese fraude está en otra modificación de la mencionada ley realizada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, a partir de la cual, los distribuidores al por menor de carburantes empezaron a vender sus productos a otros distribuidores al por menor y, algunos de ellos, sin devengar el IVA correspondiente. Fuentes del sector culpan a la Administración de que se produzca este fraude por su falta de control.
De hecho, el texto del real decreto ley apunta que «se considera de urgente y extraordinaria necesidad modificar tres artículos de la ley de 1998 para, por un lado, limitar la actuación fraudulenta por parte de empresas distribuidoras que actúan en el mercado sin ser tales y, por otro, para actuar de manera temprana antes casos de incumplimiento grave de obligaciones sectoriales que afectan a la competitividad dentro del sector, dando lugar a una competencia desleal entre las empresas».
También ‘aguas arriba’
Aunque en el artículo 43 se redefine a los distribuidores al por menor de productos petrolíferos y se subraya que «en ningún caso se permite el suministro entre distribuidores al por menor ni el suministro de estos a operadores al por mayor», la modificación aprobada «no va a terminar con el fraude que se dice en la justificación para hacerla porque solo está mirando ‘aguas abajo’ y muchos de los incumplimientos de la normativa que son el origen de los fraudes de precios en el mercado tienen la causa en las obligaciones ‘aguas arriba’», afirma la Natalia Hidalgo, directora del despacho NH Asesores, expertos en impuestos especiales e hidrocarburos.
Hidalgo subraya que «es imprescindible una reforma integral» de la ley de Hidrocarburos y que las modificaciones actuales «pueden quedarse en un mero maquillaje».
Además, la lucha contra el fraude del IVA «necesita de la colaboración efectiva de la Agencia Tributaria. Sin una labor de control y persecución del fraude por ese organismo los cambios en la ley de Hidrocarburos se quedarán en papel mojado». Y recuerda que el fraude no está solo en los que no pagan el IVA utilizando facturas falsas, sino también en los que pagan menos de lo debido.
Las principales patronales y asociaciones del sector también insisten en que «hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas». La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA biocarburantes), los operadores Independientes (UPI), la Asociación de Terminales Líquidos (ATliq) y la Asociación Española de Bioetanol (Bio-E) recuerdan que ya han denunciado en reiteradas ocasiones «la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía».
No obstante, estos productores y distribuidores «valoran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad».
En los próximos meses se debatirán las 329 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarias al real decreto.
La nueva norma prohíbe el suministro entre distribuidores al por menor y de estos a operadores al por mayor
Las estafas en el sector superan los mil millones de euros al año, según los expertos