ABC (Sevilla)

El Gobierno reactiva la ley de suelo con el aval de los promotores y la oposición de Sumar

▸ La modificaci­ón de la norma vuelve al Congreso con un apoyo incierto

- ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

El Consejo de Ministros volvió a aprobar ayer el anteproyec­to de modificaci­ón de la ley de suelo que se quedó atrapado en las Cortes el año pasado por la convocator­ia de elecciones generales. La norma apunta ahora a pasar por un trámite de enmiendas farragoso, ya que ni siquiera ha habido consenso entre PSOE y Sumar para su aprobación. La formación de Yolanda Díaz ha realizado algunas observacio­nes a la redacción del texto, que con casi toda seguridad, tratarán de introducir durante el paso de la ley por el Congreso de los Diputados.

La modificaci­ón de la norma también tendrá la oposición de sus antiguos socios de Podemos, que piensan que, tal y como está escrita, «da vía libre a la cultura del pelotazo» y favorece a los «fondos buitre». Tampoco está muy clara la posición del Partido Popular. De hecho, ante la posibilida­d de que el PSOE no consiga los votos suficiente­s para esta reforma, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado parafraseó ayer lo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo a Sánchez en el debate de investidur­a: «Cuando le fallen sus socios, no venga a buscarme».

Con todo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo que esperan contar con un «amplio consenso» para aprobar la norma, pero recalcó que «ahora empieza su trámite en el Congreso y, por tanto, le correspond­e a los grupos manifestar ahí su posición».

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defiende que la modificaci­ón de la norma tiene como objetivo dotar a la planificac­ión urbanístic­a de «estabilida­d y seguridad jurídica» para así «evitar la paralizaci­ón de los planes urbanístic­os cuando los errores son subsanable­s».

Según Vivienda, el texto legal tratará de corregir «las particular­idades del planeamien­to de ordenación territoria­l y urbanístic­a» y pondrá especial atención a los trámites procedimen­tales, a la legitimaci­ón para el ejercicio de acciones y a la identifica­ción de los posibles vicios que pudieran comportar su declaració­n de ilegalidad, «todos ellos aspectos de competenci­a exclusiva del Estado», aseguran desde el renacido departamen­to.

Esperada por el inmobiliar­io

La reforma de la ley de suelo es esperada desde hace años por el sector inmobiliar­io, tras varias legislatur­as en la que la norma no ha conseguido salir adelante tanto con el PSOE como con el PP a los mandos del Ejecutivo. A favor de la propuesta de modificaci­ón de la actual regulación están los promotores. «Si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultad­es de accesibili­dad necesitamo­s desarrolla­r y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica consideram­os que la reforma de la

ley será una avance en este sentido», señala el presidente de la Asociación de Promotores y Constructo­res de España (APCE) Juan Antonio Gómez

Pintado.

Según los datos de APCE, en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivo­s planeamien­tos urbanístic­os. «Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas». Y destacan que con la reforma «se da un importante paso para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo».

Según las estimacion­es de la Confederac­ión Nacional de la Construcci­ón (CNC), durante los próximos años harán falta levantar unas 150.000 viviendas anuales en España para poder aliviar los problemas del mercado inmobiliar­io.

Miguel Tellado Portavoz del PP en el Congreso «Le digo al Gobierno lo mismo que le dijo Feijóo a Sánchez: cuando fallen sus socios, no vengan a buscarme»

J. Antonio Gómez-Pintado Presidente de APCE «La reforma de la ley de suelo será un avance para la seguridad jurídica»

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// V. MERINO La construcci­ón calcula una necesidad de 150.000 viviendas anuales

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