La Supercopa sigue en Arabia, pese a que el Gobierno no la autoriza
▸ El Consejo Superior de Deportes continúa sin aprobar hoy la celebración de este torneo en otro país
La actualidad en la Federación Española de Fútbol (RFEF) es la normalización de un campo de minas diario. Se suspende al director de la selección, Albert Luque, al director de marketing, Rubén Rivera, a los que el fiscal pide un año y medio de cárcel por coacciones a Jenni Hermoso; se anuncia una auditoría forense que, visto lo que ha sucedido, a buenas horas; y se está a la espera de los próximos pasos del Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). «Estamos en conversaciones con la FIFA para ir de la mano en las conversaciones que se tengan que tomar», comunicó su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, a ‘ El País’. Solución FIFA que suena a las antiguas sanciones de dopaje: mejor que castiguen los de fuera que tomar las riendas y asumir el control. Y mientras se aclara algo, queda otra cuestión sin resolver desde hace cuatro años: ¿Por qué se sigue jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí si el CSD no lo autoriza?
La raíz del trasiego federativo de estos días, que trae el viento de cola por el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, reside en la denuncia que presentó hace dos años el particular Miguel Galán contra Rubiales y Gerard Piqué por corrupción en los negocios y administración desleal en el traslado de la Supercopa a Arabia. Y casi resulta incomprensible, al margen de su majestad el dinero, que el torneo se siga celebrando en Oriente Próximo.
Versión del CSD
«El Consejo Superior de Deportes no ha autorizado la celebración de esa competición deportiva en otro país. No entra dentro de sus competencias. La competencia del CSD se circunscribe a la autorización de aquellas competiciones oficiales de carácter internacional que se disputan en territorio español», señalan fuentes del Consejo a ABC. Y añaden: «La decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí fue de la Real Federación Española de Fútbol».
El CSD envió un informe a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada firmado por José Manuel Franco, antepenúltimo secretario de Estado para el deporte que ocupó el
cargo hasta junio de 2023. En él expone que, según la Ley del Deporte, una de las funciones de las Federaciones es «organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal». Y según recoge en el documento, artículo 190.1 del Reglamento de la Federación Española de Fútbol, la Supercopa es una competición «oficial de ámbito estatal».
A partir de estos matices, en la denuncia pública de Miguel Ángel Galán se recoge que «se pudo producir una prevaricación administrativa» por par
te de Rubiales al ejercer la función pública delegada por el CSD y ceder la organización de la Supercopa a Sela, el fondo de inversión del reino de Arabia.
En un primer contrato entre la Federación y Sela queda reflejado lo siguiente: «Sela será la única responsable de la organización de todos los partidos de conformidad con la normativa y las directivas de la RFEF y asumirá todos los costes… La RFEF no será responsable bajo ningún concepto de la gestión y organización de dichos eventos».
El problema para el expresidente Rubiales y sus manejos es que la noticia saltó a los medios de comunicación. Y en ‘El Confidencial’ se airearon los audios con los millones (palos, en la jerga) que Piqué repartía a su criterio. Ante una conducta presuntamente prevaricadora, los asesores de Rubiales cambiaron el contrato que cedía la organización de la Supercopa a Sela y suprimieron las cláusulas que impedían a la RFEF ejercer la función pública delegada de gestionar la Supercopa.
«La obligación de Sela de ser exclusivamente responsable de la preparación de los partidos, quedará suspendida en dicha edición», expresa una de las subcláusulas del nuevo acuerdo.
«No consta»
Y llama mucho la atención el contenido del documento que envió el Consejo Superior de Deportes a la Fiscalía Anticorrupción en el que especifica lo siguiente: «... Cabe señalar que no consta autorización o refrendo por parte del CSD, ni comunicación de la RFEF en relación con el traslado de la disputa de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí».
Como si fuese un agujero blanco en el desierto, el Consejo Superior de Deportes ni autorizó en su momento ni autoriza ahora la disputa de la Supercopa en Arabia, al no entrar, aseguran, dentro de sus competencias, y deja esta competición en el limbo jurídico de lo inexplicable. Eso sí, poderoso caballero es el dinero que proviene del petróleo saudí, 40 millones de euros por edición.
«El CSD no ha autorizado la celebración de esta competición en otro país», aseguran fuentes del Gobierno
La Federación cambió el contrato ante una presunta prevaricación por haber cedido la organización del torneo a Arabia