El informe que verá el CGPJ cree indispensable blindar al fiscal frente al Gobierno
▸Tras el ultimátum de Bolaños, el Consejo del Poder Judicial tiene previsto abordar la ley que arrebata la instrucción penal a los jueces para dársela a los fiscales ▸García Ortiz convoca a las asociaciones este miércoles para hablar de la reforma del Est
En plena crisis de credibilidad de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dispone a abordar el informe a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que arrebata al juez de instrucción la investigación penal para dejarla en manos del Ministerio Público. Aunque el anteproyecto de ley fue aprobado el 24 de noviembre de 2020, con Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia, no ha sido hasta ahora cuando, apremiado por el ministro Félix Bolaños y sin posibilidad de más prórrogas, el órgano de gobierno de los jueces se dispone a emitir su dictamen sobre la reforma de una de las leyes más complejas y ambiciosas de este y anteriores gobiernos. Pero también polémica, porque aunque es cierto que en la mayoría de países de nuestro entorno ya existe esta figura del fiscal instructor, en España hay una profunda desconfianza hacia este modelo, más aún en un momento en el que la sombra de la sospecha se extiende sobre cada una de las actuaciones de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general al que el CGPJ ha considerado no idóneo para el cargo por, entre otras cuestiones, haber sido acusado por el Supremo de «desviación de poder».
Según ha podido saber ABC de fuentes del Consejo, los cuatro vocales que han asumido la ponencia de esta ley (Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero, Roser Bach y Clara Martínez de Careaga) van a ponerse a trabajar sobre un borrador que aplaude el cambio legislativo pero advierte de la necesidad de reformar el Estatuto Fiscal para garantizar una verdadera autonomía funcional y orgánica de la Fiscalía. La intención del presidente, Vicente Guilarte, es llevarlo probablemente ya al Pleno de mayo. En el CGPJ no tienen muchas esperanzas en que la renovación del órgano se vaya a producir hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio por mucho que el comisario Reynders insistiera el viernes en que el acuerdo entre PSOE y PP está «muy cerca».
El texto sobre el que trabajarán los vocales, de 574 folios y al que ha tenido acceso ABC, sostiene que para llevar a cabo la implantación del nuevo modelo de proceso penal es necesario que la misma venga acompañada de una reforma «en profundidad» del estatuto fiscal que abunde en la garantía de imparcialidad de la institución dentro del respeto a los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Pero también tienen que cumplir, advierte, los estándares establecidos por Europa.
«En este punto es ineludible referirse a las observaciones recogidas en los informes de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho relativos a España en respuesta a las inquietudes suscitadas no sólo en el seno de la Comisión, sino también en el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) respecto a las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general», señala el borrador en el que, por decisión de la Comisión de la Permanente del CGPJ cuando Carlos Lesmes aún era presidente, han participado durante meses tres expertos en la materia. Se trata de los magistrados Antonio del Moral (Tribunal Supremo), María Dolores Hernández (Audiencia Provincial de Valencia) y Juan José López Ortega (Audiencia Provincial de Madrid).
Nombramiento del FGE
El borrador aplaude que la propia ley contemple en su disposición adicional segunda una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que debería estar lista un año después de la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, lamenta que ambas modificaciones (la procesal y la del Estatuto de la carrera) vayan de la mano.
«Indudablemente, la valoración del texto del que ahora se informa sería más completa si se hubiera acompasado» a la modificación del estatuto de los fiscales que el propio anteproyecto anuncia. «No obstante, los principios sobre los que se erige el nuevo modelo procesal penal, la configuración y estructura del proceso tal y como se contempla en el texto anteproyectado, pueden servir y han de guiar los cambios orgánicos y funcionales en la institución que este nuevo modelo exige», señala.
El borrador deja claro que «no es labor de este informe descender a la determinación, de forma concreta, de cuáles han de ser las modificaciones que este nuevo modelo de proceso penal impone introducir en la regulación estatutaria del Ministerio Fiscal. Ahora bien, en la medida en que se enmarca en el objeto de este informe», sí contempla sugerencias sobre por dónde debería ir esa reforma para que el nuevo modelo procesal sea exitoso.
En este sentido, y en el plano de la autonomía funcional, el texto sugiere mejoras en el régimen del fiscal gene