El cerco judicial por fraude rompe en dos la patronal apoyada por el Gobierno
▸La independentista Pimec se presenta como acusación particular contra los autónomos ligados a Sumar (Uatae) en la misma causa en la que ambas están siendo investigadas
La patronal arropada por el Gobierno y amadrinada por Begoña Gómez se desmorona. Las dos vicepresidencias de Conpymes, Pimec y Uatae, están a cara de perro después de que el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid abriera una causa para investigar si ambas cometieron un delito de fraude en el cobro de subvenciones y otro de falsedad documental en 2021.
Cuando se hizo público que la Fiscalía investigaba a ambas asociaciones, la patronal catalana defendió la legalidad de sus actuaciones y señaló a la organización de autónomos ligada a Sumar; ahora Pimec ha dado un paso más y se ha presentado en el proceso judicial como acusación particular contra Uatae en la misma causa en la que las dos están siendo investigadas. La rocambolesca situación ha provocado una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso ABC, en la que el juzgado recuerda a Pimec que está siendo investigada y se le insta a que en tres días aclare su situación en el proceso.
Las investigaciones de la magistrada María Isabel Garaizabal se producen después de que la Fiscalía denunciara, a instancias de Trabajo, a Pimec y Uatae y a sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta, por la unión irregular de sus plantillas para obtener 236.123 euros en subvenciones públicas, el doble de lo que les correspondía. La juez está investigando si ambas organizaciones se valieron de un documento presuntamente falso para conseguir una subvención pública para la asociación de autónomos superior a lo que les correspondería. «Los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos, dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», detallaba la denuncia de la Fiscalía.
También 2020 y 2022
La juez ha abierto diligencias previas y ha citado el próximo día 25 a Landaburu y Ginesta para tomarles declaración y recabar información para determinar si existe suficiente evidencia para continuar con la causa. A la citación acudirá como testigo Lorenzo Amor, presidente de ATA, la organización perjudicada por el reparto irregular de las ayudas, que también ha pedido a la juez que incluya en la investigación los ejercicios de 2020 y 2022. Petición que ya ha trasladado también al Ministerio de Trabajo
Entre tanto, y como adelantó ABC, el departamento que dirige Yolanda Díaz estudia la información remitida por ATA, con la que esta asociación quiere demostrar que el modo de proceder de ambas organizaciones integradas en Conpymes fue en 2020 idéntico al que denunció la Fiscalía para el ejercicio de 2021, y en la que también pide la revisión de los expedientes.
Supuestamente, en el año que estalló la pandemia habrían realizado el mismo ‘modus operandi’ que un ejercicio después, actuando, de nuevo, de manera conjunta para inflar sus plantillas y lograr un importe superior de ayudas públicas al que les correspondía por su condición de organizaciones representativas. El Ministerio de Trabajo aseguró a ABC que estaba revisando los expedientes de años anteriores y que este departamento está «tomando las me