LOS PADRES DEL ACUSADO

vendrán dado que el tribunal no ha autorizado una declaración telemática desde Colombia. Su propósito consiste en demostrar que hubo premeditación, en línea con el planteamiento de la fiscalía, y aspiran a una indemnización económica de 410.000 euros.

Asesino o víctima

Los abogados del español, por su parte, han apostado por criticar las supuestas irregularidades cometidas por la Policía tailandesa durante la investigación para así desacreditar el testimonio inicial de su cliente. Carmen Balfagón ha denunciado en repetidas ocasiones que las Fuerzas de Seguridad «engañaron [a Sancho] hasta que confesó», haciéndole creer que si lo hacía regresaría a España «en un plazo de cuarenta y ocho horas» y dándole a firmar «documentos falsos» entregados por un supuesto letrado, que era un agente encubierto.

Resta otro elemento de discordia: el arma homicida. «Un cuchillo que [...] nadie sabe dónde está y es una pieza que hay que llevar a juicio», incidía García Montes durante una aparición televisiva. Esta arma blanca, descrita como «de pequeñas dimensiones, [y] del ajuar que había en la habitación» donde se produjeron los hechos, vendría a debilitar la hipótesis de la premeditación al no contarse entre los cuchillos que Sancho adquirió con anterioridad en supermercados de la zona.

«Golpeó a Arrieta en una pelea para defenderse de una agresión sexual y no confesó nunca un crimen intencionado, aunque sí se deshizo del cuerpo», resumía. Por todo ello, García Montes auguraba una condena máxima de entre ocho y diez años, por lo que Sancho «podría ser trasladado de vuelta a España en tres o cuatro». He ahí el horizonte último: una hipotética extradición. España y Tailandia no comparten tratado en esta materia, por lo que penalistas tailandeses consultados por ABC establecen varios requisitos: sería una posibilidad –y nada más que eso– siempre que la sentencia no fuera de muerte, que no cupieran más apelaciones, que Sancho hubiera cumplido un tercio de la misma y que el Gobierno español lo solicitara de manera formal. Solo entonces la noche del 2 de agosto de 2023 tendrá por fin desenlace, el cual no será sino la respuesta a una pregunta que contiene todo un proceso civilizatorio: ¿Cuál es el precio de una vida? La sangre ya se ha disipado, los periodistas lo harán pronto, pero en realidad el caso Daniel Sancho apenas acaba de empezar. Habrá incluso para quien no acabe nunca.