El Senado activa el choque con el Congreso y duda si elevarlo al TC
▸ La Cámara Baja tiene ahora hasta 30 días para responder y eso estrecha el margen temporal para el PP
La política de conveniencia que Pedro Sánchez instauró en España desde 2018 –moción de censura mediante– ha obligado a explorar caminos desconocidos en el parlamentarismo nacional. El mayor de todos, que dormía en el fondo del ordenamiento jurídico del Tribunal Constitucional (TC), es este choque institucional entre cámaras, rescatado por el Partido Popular y Vox para hacer frente al desafío de la ley de amnistía.
El pleno para aprobar la ‘rebelión’ del Senado era, por tanto, terreno inexplorado. Tanto para los ciudadanos como para los políticos, incapaces de explicar con detalle cómo defender una u otra postura. Problemas de las primeras veces. «Vamos a ver qué argumentos esgrime el PP para esta cuestión», afirmaba curioso Juan Espadas, portavoz del PSOE a la entrada del pleno. Incertidumbre que se resolvió poco después. Antonio Silván, senador del PP, defendió la propuesta apoyándose en el informe de los letrados de la Cámara Alta, el mismo que hace solo unas semanas ponía sobre la pista de esta posibilidad. Una senda que se inició ayer en el Senado y que debería desembocar en el Tribunal Constitucional, obligado a decidir si, como reclaman PP y Vox, la amnistía es una reforma encubierta de la Constitución o si su tramitación como proposición de ley es adecuada. Un extremo, el de elevarlo o no al TC, que debe decidir la Mesa del Senado una vez que conozca la respuesta del Congreso a su requerimiento.
Según pudo saber ayer ABC de fuentes cercanas al órgano de control de la Cámara Alta, la decisión de reclamar al Constitucional su opinión sobre la forma de tramitación se tomará en función del tiempo que tarde Francina Armengol en dar esa respuesta. «Si lo hace pronto, tendríamos tiempo de que el TC se pronuncie antes de que la ley sea aprobada», señala una persona cercana a la Presidencia del Senado. Plazos que se le acortan al PP, que no quiere en ningún caso que este recurso sobre la tramitación interfiera con el que consideran más importante, que es el de la cuestión de inconstitucionalidad que sí o sí presentarán cuando la norma sea aprobada a mediados del mes que viene en el Congreso, que levantará el veto que se impondrá en el Senado.
«La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución. Por tanto, solo cabe abordarla mediante el procedimiento de reforma constitucional. Consideramos que el Congreso, al calificar y tramitar erróneamente una amnistía como proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias, invadiendo así las atribuciones del Senado. Y este es el detonante del conflicto, que al Senado se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica.