Ayuso asegura que Hacienda devolverá 552.000 euros a su novio
▸ «Yo no mentí, tenía razón, todo es una cacería política», sostiene la presidenta
El caso del presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso dio ayer un nuevo giro de guion que derivó en otro enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y que llevó a la presidente madrileña a sacar pecho: «Yo no mentí, tenía razón, todo ha sido una cacería política».
Ayuso llegará hoy al Pleno de la Asamblea de Madrid con nuevos argumentos para defenderse ante el acoso de la izquierda por la situación de su novio, Alberto González Amador, al que la Fiscalía de Madrid denunció por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. En concreto, el fraude alcanzaría los 350.951 euros.
Tras conocerse esa denuncia, Ayuso compareció en rueda de prensa el pasado 13 de marzo, negó el fraude de su pareja y aseguró que era Hacienda la que le debía 600.000 euros. La presidenta madrileña atribuyó la denuncia a una «inspección salvaje» con el único objetivo, a su juicio, de destruirla a ella. Poco después se supo que Alberto González ofreció un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y reconoció el fraude a Hacienda, algo que el PP atribuyó a una «estrategia de defensa». El presidente Sánchez y toda la izquierda acusaron a Ayuso de mentir y exigieron su dimisión.
Desde ese momento, Ayuso y su equipo no dejaron de mantener que el tiempo les daría la razón y subrayaron que en cualquier caso se trataba de un particular, sin vinculación con la Comunidad de Madrid. Ayer por la mañana, fuentes próximas a Ayuso desvelaron un dato jaleado por todo el PP de Madrid: la Agencia Tributaria (AEAT), explicaron esas fuentes, ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador.
Desde la Comunidad de Madrid, de manera no oficial, se aseguró que la Fiscalía «podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador, por el cual debería pagar 340.000 euros». «Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», advierten.
«El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio, será por órdenes políticas», sentencias las mismas fuentes. «La misma sociedad que la AEAT consideró que era ‘pantalla/interpuesta’ ahora se reconoce que no lo era», apostillan.
Tras publicarse esta información procedente de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso compareció en un acto público y envió un mensaje rotundo: «Uno, yo no mentí. Dos, tenía razón. Y tres, todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer –por el lunes– el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular, por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, replicó a Ayuso desde la Feria de Abril de Sevilla. Aseguró que le «sorprende mucho» que la Comunidad de Madrid «maneje datos tributarios». Y añadió que no tiene «ninguna idea de expedientes tributarios».