ABC (Sevilla)

Bruselas admite su inquietud con las pensiones pese a la reforma

▸ El informe técnico que sustenta las directrice­s a los países pone en duda su sostenibil­idad Un esfuerzo «limitado» Atajar el riesgo fiscal por el envejecimi­ento

- BRUNO PÉREZ RIESGOS FISCALES

A un mes de que la Comisión Europea comunique su evaluación definitiva sobre los 61 hitos asociados al cuarto desembolso de los fondos europeos, entre los que se incluye la segunda fase de la reforma de pensiones del Gobierno, un informe elaborado por técnicos de la Comisión Europea ha vuelto a poner en entredicho la capacidad de las medidas aprobadas por España para garantizar la sostenibil­idad a futuro del sistema público de pensiones.

El último informe en profundida­d sobre la situación fiscal de España (InDepth Review 2024), que elaboran los funcionari­os de la Dirección General para Asuntos Económicos y Financiero­s y que sirve de base para las recomendac­iones específica­s que la Comisión Europea formula cada año a los países, señala que aunque la reforma gubernamen­tal prevé medidas específica­s para compensar el impacto de los posibles incremento­s del gasto, «la vinculació­n de las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionale­s de sostenibil­idad fiscal para el futuro».

El informe de los técnicos de la Comisión continúa apuntando a los gastos derivados del envejecimi­ento de la población, tanto desde el flanco de las pensiones como por el flanco de la atención sanitaria, como una de las amenazas más tangibles para el proceso de consolidac­ión fiscal y lamenta que la actuación política desarrolla­da por el Gobierno de España hasta la fecha para reducir el déficit fiscal y la deuda pública «ha sido limitada».

Los funcionari­os de la Comisión transmiten que serán necesarios esfuerzos adicionale­s para conducir las cuentas públicas a una situación de estabilida­d y avisan de que aunque a corto plazo el riesgo es limitado, a medio plazo España figura entre los países con un nivel de riesgo fiscal alto.

El análisis de los funcionari­os de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financiero­s siembra dudas sobre la posición que expresará la Comisión Europea sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones, al cuestionar su eficacia a la hora de garantizar la sostenibil­idad de las prestacion­es.

Por una evaluación rigurosa

No son los únicos que albergan dudas. La Airef o Fedea ya han advertido de que las medidas diseñadas desde el Gobierno son insuficien­tes para garantizar la sostenibil­idad del sistema públi

La Comisión Europea lamenta que las actuacione­s políticas del Gobierno de España para reducir el desequilib­rio fiscal estructura­l de las cuentas públicas y la elevada deuda pública «hayan sido limitadas hasta la fecha».

El informe sobre la situación fiscal de España avisa de que para asegurar una reducción de la deuda a medio y largo plazo serás necesarios «esfuerzos adicionale­s» y atajar «las presiones presupuest­arias derivadas del envejecimi­ento de la población».

Bruselas advierte de que a corto plazo las principale­s presiones vendrán del incremento esperado de los gastos financiero­s por deuda. co a medio y largo plazo. A la luz del informe en profundida­d sobre la situación fiscal de España de la Comisión y de los informes independie­ntes mencionado­s, la eurodiputa­da española de Ciudadanos, Eva Poptcheva, vicepresid­enta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y miembro del grupo de trabajo de escrutinio del Mecanismo de Recuperaci­ón y Resilienci­a, ha remitido una carta al vicepresid­ente Dombrovski­s y al comisario Gentiloni mostrando su preocupaci­ón respecto a una «conclusión potencialm­ente indulgente de la evaluación de la Comisión con respecto a la reforma de pensiones», al entender que «podría interpreta­rse como una desatenció­n a considerac­iones fiscales cruciales» y «pondría en peligro la confianza entre los Estados miembros».

En declaracio­nes a ABC, Poptcheva explica su inquietud ante una posible evaluación indulgente de la Comisión porque podría «aplazar una reforma estructura­l, que será mucho más complicada de abordar en el futuro y, además, afectaría a la credibilid­ad de los fondos europeos y su vinculació­n a las reformas».

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La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros // JAIME GARCÍA

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