Sanidad se abre a prohibir la venta de tabaco a generaciones de jóvenes
▸Mónica García no descarta imitar a Reino Unido, que prohibirá los cigarrillos a los nacidos a partir de 2009 ▸Los expertos dudan de que la medida tenga encaje legal y creen que llevaría a discriminar a adultos por su edad
El Ministerio de Sanidad abre la puerta a seguir los pasos de Reino Unido y prohibir que los más jóvenes puedan comprar tabaco. La ministra Mónica García aseguró ayer que se avanzará «poco a poco» en el plan antitabaco y se irán «desgranando medidas, sin descartar que alguna de estas medidas la podamos poner en un futuro». En declaraciones a los medios de comunicación, la titular de Sanidad explicó que todas las acciones que contiene el plan, aprobado recientemente en el Consejo Interterritorial, se irán materializando a la vez que el ministerio estará mirando de cerca los pasos que den otros países. «Como todas las medidas de salud pública vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y a la salud de nuestra población», defendió.
Reino Unido dio el pasado martes el primer paso para que el tabaco sea prácticamente inaccesible para los más jóvenes. En concreto, el Parlamento británico aprobó la prohibición de que los nacidos a partir de 2009 puedan comprar cigarrillos durante toda su vida. Mónica García no descarta que España pueda seguir ese ejemplo y unirse con una medida similar. «Aquí se puede aplicar todo, yo siempre digo que no hay nada imposible. Si somos capaces de llegar a través de una arteria y cambiar una válvula en el corazón, somos capaces de cambiar las leyes para mejorar la salud de la población», afirmó, aunque no concretó cuándo se podría empezar a trabajar en esta medida ni a partir de qué edad se implantaría el veto.
Sin humo en 2040
Pese a no haber fechas concretas, el plan antitabaco sí menciona la intención de Sanidad de conseguir una «generación libre de tabaco para 2040», siguiendo las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea. De hecho, en la primera meta que se propone esta estrategia, que es la de «prevenir el inicio de consumo de tabaco y productos relacionados», el texto hace referencia a que algunos países como Nueva Zelanda o Reino Unido «han planteado en los últimos años las estrategias de generaciones libres de tabaco, según las cuales los nacidos a partir de una fecha no podrán comprar o consumir tabaco al llegar a la edad legal de consumo». «Todavía es pronto para juzgar su efecto, pero es un área de interés para los próximos años», señala el texto, que pasará por el Consejo de Ministros previsiblemente en dos semanas, tal como anticipó García.
Por ahora, remarcó la titular de Sanidad, su departamento se va a centrar en poner en marcha este plan integral contra el tabaquismo: «Vamos a ir haciendo esas cosas que tenemos pendientes desde el año 2010 y que tienen que ver con proteger la salud, con hacer que la gente no empiece a fumar, incluidas las futuras generaciones o las más jóvenes, con hacer que la gente que quiera dejar de fumar pueda y librar a la gente que no fuma de los humos de segunda mano».
Pero pese a la predisposición del ministerio, los expertos en derecho sanitario dudan de que la norma británica se pueda adaptar a la legislación española. «Desde el punto de vista legal, una vez fueran mayores de edad los afectados, podría entenderse como una discriminación que vulneraría el derecho a la igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución», señala Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores. Se refiere con «discriminación» al hecho de que, llegado el momento, un joven de 20 años podría comprar un paquete de tabaco pero otro de 19, pese a ser también mayor de edad, no podría hacerlo por haber nacido un año más tarde. «Las restricciones a los menores de edad se justifican por la necesidad de protegerlos hasta que no tengan la madurez suficiente para según qué actividades. Pero, cuando se trata de adultos, desaparece ese motivo de justificación y en principio todos los ciudadanos hemos de tener los mismos derechos en el terreno de la libertad», aclara.
A juicio de Abellán, el encaje legal de esta medida tampoco se podría justificar por su importancia para la salud pública. «Las políticas de salud pública, en cuanto conlleven restricciones de derechos, deberían afectar por igual a todos los que se encuentren en la misma situación, como sería el caso entre adultos. Si no, estaríamos hablando de una discriminación etaria», asegura.
La misma percepción tiene Carmen Fernández-Bravo, socia fundadora de Fernández-Bravo Abogados y experta en derecho sanitario. Se refiere también a esa «discriminación por edad» que plantea Abellán. «Considero que en España no se podría hacer porque la mayoría de edad es a los 18 años. Y cuan