Medios obsoletos frente a la última tecnología de las redes criminales
▸ El CGPJ abre la puerta a que las causas más complejas pasen a la Audiencia Nacional
La pormenorizada radiografía que dibuja el informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencia también otras asignaturas pendientes en materia judicial para hacer frente a la cantidad y complejidad de causas que han tenido que asumir los juzgados andaluces donde el narcotráfico ha extendido sus tentáculos tras la presión policial ejercida en su momento en el Campo de Gibraltar.
Entre las conclusiones, algo que se viene denunciando en el Campo de Gibraltar desde hace años: además de más jueces, fiscales y personal en los juzgados, la complejidad de estos procesos requieren de medios materiales acordes. Así, el documento refleja que dichos medios materiales son a todas luces insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, o incluso, ausencia de impresoras, entre otras muchas para investigar e instruir causas contra organizaciones criminales que disponen de la última tecnología gracias a las ingentes cantidades de dinero que están amasando con el narcotráfico.
Especial gravedad
Pero el estudio va más allá. Recoge que, en el corto plazo, «resultaría eficaz» la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos sean de especial gravedad sin necesidad de que estos «produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias», de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos, según abunda el documento, la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
Por último, indica que la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva de titulares de los órganos —la mayoría de los juzgados están servidos por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años—. Con ello se conseguiría una distribución de trabajo más eficiente.
Los tribunales de instancia evitarían la excesiva rotación de titulares de estos órganos y se ganaría eficacia