La Junta reasigna nueve millones del Bono Alquiler Joven para desbloquear pagos
▸ Se retira dinero a Cádiz, Huelva y Córdoba y se reparte en provincias con más solicitantes
En octubre de 2022 la Junta de Andalucía publicó las bases del que estaba llamado a ser uno de los programas estrella de la legislatura en materia de vivienda: el Bono Alquiler Joven, una convocatoria de ayudas de hasta 250 euros mensuales durante un periodo máximo de 24 meses financiada por el Ministerio de Vivienda pero cuya ejecución dependía de cada una de las comunidades autónomas. La administración andaluza optó por un modelo de distribución territorializada de los 68,4 millones de euros del programa en función de la población de cada provincia. Ahora, 18 meses y varias polémicas y denuncias por los retrasos después, la Junta ha reasignado los recursos retirando nueve millones de euros de las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba, donde no se han alcanzado los niveles de solicitudes estimadas, y destinándolos a otras demarcaciones en las que sí hay un mayor volumen de peticiones pendientes de resolución. Con esta medida, el Gobierno autonómico quiere conseguir desbloquear las 3.000 solicitudes que aún no se han abonado.
Esta nueva distribución tiene especial incidencia en las provincias de Cádiz (de la que se retiran 6,9 millones); Huelva (que tendrá 1,4 millones menos) y Córdoba (con 534.000 euros menos). En todas ellas, la Junta asegura que están garantizados todos los expedientes presentados y que cumplen los requisitos. En el otro lado de la balanza, estos recursos se han repartido entre las
otras cinco provincias que concentran la mayor parte de las solicitudes pendientes de resolver y abonar. Principalmente Sevilla que verá cómo su presupuesto se incrementa en 3 millones de euros; Granada, donde se elevará el presupuesto en 2,5 millones y Almería donde se duplican los recursos asignados hasta los 3,4 millones. Jaén y Málaga también experimentan incrementos
presupuestarios de menor cuantía.
Los primeros pagos a los beneficiarios se registraron en mayo de 2023. Casi un año después, se han resuelto 9.000 solicitudes y se han abonado ya 8.500 de las 11.400 para las que hay presupuesto. Queda por tanto aún casi una cuarta parte. Por estos retrasos, se ha creado una plataforma de afectados que ha interpuesto una demanda colectiva.