La OCDE retrata la escalada de la carga fiscal sobre los asalariados
Mientras la mayoría de países avanzados aligeraba la carga fiscal sobre los salarios a la busca de aliviar la situación financiera de sus ciudadanos en plena espiral inflacionista, en España la subida de cotizaciones por la reforma de las pensiones y la inacción del Gobierno a la hora de acomodar el IRPF a la inflación han hecho que la parte del salario que se queda el Estado en impuestos se haya incrementado en cerca de un punto durante el peor episodio inflacionista en 40 años.
Así lo refleja un informe difundido ayer por la OCDE, según el cual la presión fiscal sobre el salario tipo en España escaló en 2023 hasta el 40,2%, desde el 39,5% en que estaba el año anterior. Dos terceras partes de ese incremento se atribuye al alza de las cotizaciones sociales como consecuencia de la activación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de la subida de las bases máximas, en tanto que la otra tercera parte la relaciona en organismo con el incremento de los ingresos por IRPF, alimentada por la no deflactación de la tarifa.
España fue el segundo país europeo que más elevó la carga fiscal de los salarios en 2023, solo por detrás de Luxemburgo, y en los informes de la OCDE destaca como uno de los escasos países avanzados que ha subido los impuestos a las rentas de los trabajadores durante el agitado periodo de tiempo en que se encadenaron la pandemia y la escalada de los precios tras la agresión rusa a Ucrania, en que se elevó en cerca de un punto.
El impacto de la orientación de la política fiscal gubernamental fue especialmente significativo el año pasado. De los datos del informe elaborado por los analistas del ‘think tank’ de las economías desarrolladas se desprende que el incremento de la presión fiscal sobre los salarios en 2023 anuló la mejora de poder adquisitivo derivada de la evolución más dinámica de los salarios, del 5,1%, respecto de la inflación, 3,5%, en España, ya que esa margen de 1,6 de mayor poder de compra coincidió con un incremento del 2,6% del tipo efectivo de la imposición personal.
En ningún país desarrollado la carga derivada de las cotizaciones sociales subió el año pasado más que en España, coincidiendo con la puesta en marcha de la reforma de pensiones.