El régimen cubano amenaza con la pena de muerte a quienes participen en protestas masivas
▸ Empeoran la miseria, la escasez y la inflación, origen de anteriores manifestaciones
Ante un posible escenario de protestas masivas en Cuba debido al aumento del descontento ciudadano y la crisis, el régimen amenaza con la pena de muerte a quienes participen en estas manifestaciones, consideradas «ilegales» por el sistema totalitario cubano. A través del programa ‘Hacemos Cuba’, de la televisión propagandista del Partido Comunista, varios altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia justificaron la actuación de la Policía, la cual suele reprimir fuertemente las manifestaciones de descontento popular, además de advertir sobre las consecuencias legales para aquellos que participen en ellas.
Entre los delitos que mencionaron se encuentra el de «sedición», utilizado contra aquellos que promuevan o participen en protestas masivas y «perturben el orden constitucional socialista». Las sanciones oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos excepcionales. Por este supuesto delito fueron procesados al menos 225 manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11-J) y, de ellos, el menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno, según la ONG Prisoners Defenders (PD).
Presos de conciencia
Las amenazas de los militares y representantes del sistema de justicia cubano ocurren un mes después de las masivas concentraciones en el oriente del país, las mayores acaecidas desde el 11J, cuando cientos de ciudadanos, fundamentalmente en Bayamo (Granma) y Santiago de Cuba, salieron los días 17 y 18 de marzo a protestar pacíficamente a las calles gritando «corriente y comida», «libertad» y «patria y vida». Prisoners Defenders informó que al menos 24 de los 31 presos políticos añadidos a su listado mensual estuvieron relacionados a las protestas de marzo, para un total de 1.092 presos de conciencia existentes actualmente en la Isla.
Aunque las protestas desde el 11-J hasta la fecha han sido espontáneas, la mayoría de ellas pacíficas y con legítimas reclamaciones de mejoras económicas y libertades básicas, para el coronel Hugo
Morales Karell estas expresiones son alentadas por supuestos terroristas radicados en EE.UU., quienes pretenden atentar contra la autoridad y generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno. Según el militar, estos planes buscan provocar una respuesta desmedida por parte de la Policía que pueda ser utilizada en redes sociales para «demostrar un Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial».
El coronel Hugo Morales Karell intentó, igualmente, refutar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos «planes de guerra no convencional» con el fin de suscitar un pretexto para acusar a Cuba. La miseria, la falta de medicamentos y medicinas, los cortes de electricidad y la inflación, detonantes de anteriores manifestaciones, empeoran diariamente en Cuba. Recientemente, el sitio del Gobierno ‘Razones de Cuba’ señaló que se esperan protestas en la isla para el próximo verano.
Moratoria desde 2003
En Cuba la pena capital está en moratoria desde 2003, cuando fue aplicada por última vez contra tres jóvenes que secuestraron una lancha para intentar llegar a los EE.UU. No provocaron víctimas mortales.
Entre 1959 y 2003, miles de cubanos fueron ejecutados, la mayoría de ellos en los primeros años de la dictadura. Sus delitos consistían en oponerse al régimen de los hermanos Castro.
No obstante, desde 2003 la pena capital se ha usado como mecanismo persuasivo y en el nuevo Código Penal (CP), en vigor desde el 1 de diciembre de 2022, lejos de eliminarse, se incrementó el número de delitos que contemplan el fusilamiento como castigo: de 20 a 24.
Esto permite –por ley– al régimen cubano eliminar físicamente incluso a los adversarios políticos; en suma, a todos aquellos activistas de derechos humanos y opositores que exigen un cambio de sistema y una transición democrática, pues en la Carta Magna (2019) se declara al sistema socialista como «irrevocable» y al PCC como el único legalmente reconocido y como «la fuerza dirigente y superior de la sociedad».