El Gobierno podrá vetar la fusión , pero no la compra del banco catalán
▸ Carlos Cuerpo advirtió al presidente del BBVA de que el Ejecutivo se opondría a la operación
El Gobierno advirtió con antelación al presidente de BBVA, Carlos Torres, de que se opondría si la entidad decidía lanzar una opa hostil sobre el Sabadell, como finalmente sucedió en la mañana del jueves 9.
Así lo reconoció ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista televisiva, en la que reveló que el Ejecutivo comunicó «la opinión del Gobierno ante este paso al BBVA y al resto de actores involucrados, incluyendo a los supervisores como es nuestra obligación».
El Gobierno explica su aparente cambio de opinión al respecto, desde una posición contemplativa e incluso favorable a la operación hacia la oposición frontal trasladada este jueves, a las formas de la operación, que según el ministro Cuerpo «tienen un efecto potencialmente lesivo adicional por la volatilidad o la inestabilidad que pueden introducir en el mercado».
Las acciones del BBVA experimentaron un desplome del 6,7% tras hacer pública la opa hostil, en tanto que las del Sabadell se dispararon un 3,2%, en un movimiento que ayer se moderó con las acciones de ambas entidades al alza.
Cuerpo también se esforzó en desvincular la contundencia del Ejecutivo a la hora de rechazar esta operación del contexto electoral catalán, subrayando que las consideraciones de política económica a las que hace referencia tienen que ver con asuntos como la cohesión territorial, «porque sabemos que la actividad de Sabadell es particularmente relevante tanto Cataluña como en la Comunidad Valenciana y el impacto que podría tener sobre las pymes y el empleo es muy relevante», o el nivel de concentración del sector financiero español, que, ha dicho, «puede ser un paso atrás para los consumidores y podría afectar al incremento de la remuneración de los depósitos, por ejemplo».
En este sentido, el ministro deslizó que el veto del Gobierno a la operación podría persistir aun si los supervisores que deben evaluar la idoneidad de la operación en diferentes ámbitos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en cuanto a la protección de los derechos de los accionistas; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en cuanto a las condiciones de competencia del mercado; el Ban
co Central Europeo (BCE) y el Banco de España, en cuanto a la estabilidad financiera; y el Sepblac, en lo que se refiere a los riesgos sobre el blanqueo de capitales, no mostraran objeciones decisivas sobre la operación.
«El Gobierno tendrá la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción. Tendremos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos, pero tiene que quedar claro que los reguladores tienen que evaluar el impacto de la operación desde el punto de vista de sus competencias, pero el Gobierno tiene que tener una visión más horizontal, incorporando todos estos elementos a nuestro análisis, pero añadiendo elementos de política económica y financiera», advirtió. Con todo, desde el Ministerio de Economía tratan el tema con cautela y en ningún momento han hablado de no autorizar, como sí lo ha hecho la vicepresidenta María Jesús Montero.
Autorizar o denegar
Ante la controversia que ha surgido tras las declaraciones del ministro Cuerpo respecto a que la última palabra la tiene el Ejecutivo, en la Ley de Ordenación Bancaria se explica que su intervención se produciría cuando el BBVA decidiera fusionar al Banco Sabadell
después de comprarlo. Según la norma, «corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores». El Ejecutivo no tiene nada que autorizar respecto a la opa, sino que solo podría actuar una vez BBVA hubiera comprado el Sabadell y quisiera fusionarlo; dos operaciones distintas y consecutivas, pero el Gobierno solo podría actuar en la segunda.
Ahora bien, antes de decidir su autorización o no, el Gobierno tendrá que solicitar un informe al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, «en los aspectos de su competencia», reza la ley.
La solicitud de autorización deberá ser resuelta «dentro de los seis meses siguientes a su recepción en la Secretaría General del Tesoro, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción». Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente mencionado, «podrá entenderse desestimada».
En caso de que la operación fuese denegada, el BBVA se haría con el Sabadell pero no podría fusionarlo. De esta forma, el banco catalán quedaría en el espectro del vasco pero como entidad independiente, como una filial.
La ley bancaria dice: «Corresponde al ministro de Economía autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión de activos y pasivos»