ATRAPADOS EN UNA RED INCAPAZ
El despliegue de la red de distribución eléctrica se ciñe a un plan quinquenal inflexible que no garantiza el suministro para nuevos proyectos empresariales y boicotea la descarbonización
ESPAÑA está atrapada en una red ineficaz, que maniata su crecimiento económico e hipoteca su prosperidad: se trata de la red eléctrica, con una legislación concebida en otro tiempo y que nadie se ha tomado la molestia de modificar en más de una década. Las grandes compañías que son propietarias de la mayor parte de la red de distribución eléctrica, como Endesa, Iberdrola o Naturgy, han advertido del cuello de botella que se está formando a la hora de ampliar la red. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha sido el último en ofrecer una cifra que expresa la gravedad de la situación: su compañía ha tenido que dejar sin satisfacer 15 gigavatios (GW) de nueva demanda en los últimos cuatro años. Teniendo en cuenta que Endesa controla el 43 por ciento de toda la red de distribución nacional, se estima que han sido proyectos empresariales que suman al menos 30 GW los que no han podido ponerse en marcha creando riqueza para el país.
Esto significa que, por el lado de la demanda eléctrica, decenas de proyectos industriales, desde pequeños polígonos a complejos centros de datos que alimentan la nube y el funcionamiento de la inteligencia artificial (IA), pasando por el despliegue de supercargadores para el coche eléctrico, no se han podido desarrollar por falta de acceso a la red. Y por el lado de la oferta, otro tanto: proyectos de generación con las últimas tecnologías renovables que buscan verter su producción a la red han visto postergados sus planes.
Este problema se generó cuando la situación económica española era muy distinta. El Gobierno de Mariano Rajoy puso un tope a la inversión anual en redes de distribución ligado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). De esa manera pretendía controlar la evolución del coste de la red de cara a los consumidores. Esa medida, que podía parecer razonable en un momento de grave descalabro económico, ha estrangulado el desarrollo natural de las redes, imposibilitando su función vertebradora para la nueva oferta renovable y el crecimiento de la demanda de la nueva actividad económica, especialmente la economía hiperconectada y la IA, que son electrointensivas. En todo este tiempo, nadie ha cambiado la regulación a pesar de que el país es distinto y el mundo también lo es.
A esto se une un doble discurso contradictorio en el Gobierno: por un lado se promociona la digitalización y la descarbonización de la economía, pero se retrasa su evolución con estas cortapisas. Se espera un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos años en nuestro país. La vecina Francia pasará de invertir 1.700 millones al año en redes a casi 7.000 millones con el fin de atraer a nuevas industrias.
Las redes de distribución se planifican y despliegan mediante planes quinquenales poco flexibles. Actualmente se está aplicando el del periodo 2021-2026, insuficiente según el sector. La situación se ve agravada porque el Ministerio para la Transición Ecológica quiere convertir la red en un elemento al servicio de sus objetivos ideológicos. En abril, el Gobierno aceptó enmendar el plan para atender a la nueva demanda y oferta. Pero al final, sólo aceptó incluir 73 actuaciones destinadas a «facilitar la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, la producción de hidrógeno, la integración de energía renovable, o el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición ecológica». Mientras, el 95 por ciento de las actuaciones destinadas a atender a la demanda de proyectos industriales o para desarrollar la IA, no fueron aprobados, según la patronal Aelec.