La asociación mayoritaria de fiscales baraja plantar a García Ortiz en la reforma de su Estatuto
▸ Las críticas del fiscal general a la actividad asociativa, que vincula con los partidos, indignan a la AF
Si la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya estaba cuestionada desde hace tiempo por buena parte de la carrera, los acontecimientos que se han sucedido esta semana relacionados con su gestión han colmado la paciencia de los fiscales, que, aunque han pedido su dimisión sin éxito en ocasiones anteriores, se muestran ahora más preocupados que nunca por el descrédito en el que ha sumido a la institución y por el tiempo que ésta va a tardar en recuperar su prestigio.
La anulación del segundo nombramiento de Dolores Delgado, la admisión de la querella contra la Fiscalía por la filtración de datos relativos a la defensa de un particular (la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), la moción del Senado exigiendo su dimisión y la recusación de cuatro magistrados que tienen que decidir su futuro en el Tribunal Supremo se ha visto rematado esta semana por la crítica de García Ortiz a las asociaciones de fiscales, las mismas a las que ha encomendado la reforma del Estatuto de la carrera y dos de las cuales han ganado el recurso contra el nombramiento de la exministra socialista en la Fiscalía de Memoria Democrática.
En una entrevista radiofónica, el fiscal general, en su momento un portavoz combativo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), afirmó que hay una «identidad de objetivos entre elementos corporativos dentro de las asociaciones de fiscales y los partidos políticos». Para la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) se trata de unas declaraciones «intolerables» que arrojan «una sombra de sospecha» sobre su actuación y quiebran cualquier principio de confianza en la Fiscalía General. Tanto es así que, según ha podido saber ABC, esta asociación se plantea seriamente levantarse de la mesa en la que se está negociando la reforma del Estatuto Fiscal en paralelo a la reactivación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Fuentes de esta asociación seña
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz lan que no son desde luego las mejores condiciones para «trabajar con serenidad» porque «cuando se pone en tela de juicio la bondad de las negociaciones, se siembra desconfianza sobre los responsables de llevar a buen puerto esa modificación».
El plante de la Asociación de Fiscales, que podría producirse de forma inminente, se sumaría así al que el pasado 16 de abril dio a este grupo de trabajo recién constituido por García Ortiz la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la que ha recurrido el nombramiento del propio fiscal general ante el Tribunal Supremo. Tomó esta decisión apenas un día después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid sin aclarar si la orden de difundir datos que afectaban al derecho de defensa del novio de Ayuso partió de él y cuando su número dos impuso a la fiscal a cargo de la querella del perjudicado informar en contra de su admisión.
«La orden dada por la teniente del Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto (...) a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España», argumentó la APIF.
La asociación recordaba que en la primera reunión del grupo de trabajo creado en la Fiscalía General del Estado, el 10 de abril, ya dejaron claro que el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal debía contemplar una «independencia absoluta» en un doble sentido: respecto al Gobierno y respecto al fiscal del caso concreto, blindándole y «revistiéndole de total independencia para que no pueda verse inquietado en su labor investigadora». A su juicio, este último acontecimiento pone de manifiesto «claramente su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales». No ocultaba la APIF que este episodio se sumaba a otras actuaciones polémicas del fiscal general, entre las que aludía a la desviación de poder apreciada por el Supremo en el primer nombramiento de Delgado. «A nuestro juicio, la persona que encarna el puesto (...) no es idónea para ello», por lo que «en el ejercicio de nuestra responsabilidad asociativa, no tenemos más remedio que comunicarle que la APIF no va a participar en el grupo de trabajo para la elaboración del nuevo estatuto», reunión prevista para el 7 de mayo y que llegó a celebrarse, sin grandes avances, con la presencia de la AF, la UPF y dos representantes de la Secretaría Técnica de la
Fiscalía General del Estado, la que dirigía el propio García Ortiz cuando Delgado era fiscal general.
Sin la AF y la APIF presentes en la redacción del nuevo Estatuto Fiscal, el panorama que se presenta para el fiscal general no es muy alentador, teniendo en cuenta que tendría que contar solo con la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, pese a ser la segunda en número de afiliados –200 respecto a los 650 de la AF– no deja de representar un porcentaje mínimo de los más de 2.600 fiscales que forman parte de la carrera. Más aún cuando sobre García Ortiz y sobre su predecesora en el cargo pende la acusación de haber favorecido sistemáticamente a fiscales de esta asociación en su política de nombramientos y ascensos, hasta el punto de que cuenta con 16 de los 37 fiscales de primera categoría que se sientan en la Junta de Fiscales de Sala. Antes eran 18 pero dos se han dado de baja precisamente en los últimos meses. De los restantes, 9 son de la AF y 12 no asociados.
Pendiente en el CGPJ
Como informó ABC, García Ortiz cogió las riendas de la reforma del Estatuto Fiscal en paralelo a que Bolaños informara a las asociaciones de fiscales de su intención de reactivar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja la investigación penal en manos de los fiscales en vez de en el juez de instrucción. El anteproyecto, del ministro Juan Carlos Campo, está pendiente de informe en el Consejo General del Poder Judicial. El borrador sobre el que trabajan los ponentes ve indispensable blindar al fiscal frente al Gobierno y la figura del fiscal general, algo que comparte la carrera y que solo puede conseguirse con la reforma de su Estatuto.