García Ortiz refrendó el comunicado de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso

▸ El Ministerio Público recurre la apertura de la causa y sostiene que no hubo delito

La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en el que carga contra la apertura de una causa para investigar a la fiscal jefa y un fiscal de la Provincial por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El escrito, que solicita el archivo de las diligencias y su remisión a los juzgados ordinarios, ataca la batería de diligencias que acordó el instructor y que requiere abundante documentación a la Fiscalía, así como que especifique quién fue el «máximo responsable» jerárquico de la difusión de una nota de prensa con información sobre la denuncia que afectaba al empresario.

Para el fiscal superior de Extremadura, que lleva el caso, «se puede colegir» que el juez se refiere al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ya se arrogó en un acto público la responsabilidad última de lo ocurrido. «Sin su refrendo, ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación», reconoce el fiscal en el recurso, para recordar que el TSJ no tendría competencia para investigarle porque tiene aforamiento ante el Supremo. En todo caso, considera que la difusión de la nota no incurre en delito alguno y sostiene que la investigación es «prospectiva», que el juez pide todas esas diligencias sin siquiera razonar su necesidad o pertinencia y lo hace porque asume «sin filtro» el relato de González Amador.

En este sentido, critica que la resolución da por hecho que se filtraron desde la Fiscalía los correos electrónicos que el abogado del empresario intercambió con el fiscal que le había denunciado (y a los que se refería aquella nota de prensa), cuando, en su opinión, «parece» que salieron en primer lugar de la defensa. Era esa la fuente que citaban, como recuerda el escrito, las primeras noticias al respecto, las mismas que la Fiscalía intentaba rebatir con el comunicado aclarando que el fiscal no había ofrecido un pacto al empresario, sino que era él quien había propuesto un acuerdo reconociendo el presunto fraude fiscal.

Llama la atención que, en este punto, el recurso trae a colación el mensaje que la noche de las publicaciones difundió en la red social X el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, incidiendo en que el fiscal había ofrecido el acuerdo. También que avance ya que si su recurso no se atiende, impulsará diligencias para ir más allá, dado que en su opinión, el TSJ se centra «exclusivamente» en la Fiscalía cuando hubo múltiples actores. Con este argumento rebate igualmente que fuera el Ministerio Público quien filtró la denuncia contra González Amador, que estaba ya en el juzgado y de la que disponían los investigadores.

El recurso llegaba justo en la jornada en que el empresario acudía al TSJ a ratificar su querella contra los fiscales. Inicialmente estaba previsto que fuese el viernes, pero alegó compromisos laborales fuera de Madrid que dificultaban su asistencia. Con media hora de antelación, pasada la una de la tarde, bajaba caminando González Amador a su cita con la secretaría del Juzgado, esta vez sin taparse la cara ni recurrir a ninguna argucia para intentar dar esquinazo a la prensa.

El trámite se prolongó algo más de veinte minutos y, según informaron a ABC en fuentes jurídicas, se redujo a confirmar que mantenía el relato vertido en la querella y que sus abogados ejercerían en su nombre la acusación particular, en calidad de perjudicado, en la causa. Pasadas las dos de la tarde abandonaba la sede judicial escoltado por su abogado –habían llegado por separado– y sin hacer comentarios a los medios de comunicación.

Mañana hará lo propio el Colegio de la Abogacía de Madrid, llamado también a ratificar la querella que interpuso por los mismos hechos y a acceder al procedimiento como acusación popular. En espera de que se resuelva el recurso de la Fiscalía, las diligencias acordadas siguen vigentes.

El empresario se ratificó ayer como acusación particular ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un breve trámite