Yolanda Díaz encarecerá el despido en España tras recibir el aval de Europa
Estrasburgo abre la puerta a eliminar el tope máximo de dos años en la extinción improcedente La ministra convocará a empresarios y sindicatos para negociar las indemnizaciones
El Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo, dependiente del Consejo de Europa, ha resuelto una reclamación de UGT contra España en la que se coloca del lado del sindicato socialista y asegura que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea. Es un fallo sin precedentes que abre la puerta a encarecer los costes para las empresas y que avala las intenciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reformar el despido. «Estamos ante una resolución histórica», celebró ayer el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. «El precio de la indemnización –dijo– tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir».
El contenido de la resolución no se conocerá hasta el próximo lunes, pero la información avanzada por UGT apunta a que el organismo instará a España a modificar las condiciones del despido improcedente –33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades–, a elevar los costes o limitar los actuales, además de abrir la puerta a mejorar las ayudas para aquellos trabajadores que llevan poco tiempo contratados. Para el Comité la actual indemnización es injusta y no disuade lo suficiente a las empresas para despedir.
La resolución no es de obligado cumplimiento, pero España se había comprometido a cumplir las directrices que marcará este órgano consultivo. Ahora serán utilizadas por la titular de Trabajo para dar el giro a la legislación del despido en España que no pudo hacer en la reforma laboral de 2021 por las fuertes reticencias de los socios del PSOE y el rechazo rotundo de las organizaciones empresariales.
El asunto no es menor, teniendo en cuenta que la Carta Social Europea argumenta que el despido no tiene el mismo impacto en los trabajadores y que,
en cualquier caso, depende de sus circunstancias. Motivos estos que refrendan las tesis que la vicepresidenta segunda viene defendiendo. Ahora, esta se cargará de razones para emprender un cambio legal que suprima el tope de dos años en las extinciones y fije una indemnización mínima de seis meses para dar cobertura a los trabajadores que llevan poco en la empresa, tal y como reclama el sindicato que dirige Pepe Álvarez, para el que las empresas no deben conocer de antemano el coste del despido, es clave recuperar los salarios de tramitación y también agilizar los procesos judiciales para los despidos.
La resolución también apunta en esta dirección y recuerda que los procedimientos de despido se alarman en nuestro país más de la cuenta y que los juzgados deberían pronunciarse en un
periodo más corto. Periodo en el que, por otro lado, han dejado de percibir desde 2012 los salarios de tramitación que hasta entonces recibía el trabajador mientras litigaba en los tribunales por sus derechos.
Extinciones ‘a la carta’
Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, y en línea con el pronunciamiento del Comité, que ya se conoció a grandes rasgos hace unos meses, Díaz ha venido reiterando que tiene intención de introducir en la legislación laboral un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. Como avanzó este diario, ese ‘despido a la carta’ tendría en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como podrían ser la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica.
«Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (...) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente», ha subrayado la titular de Trabajo en varias ocasiones.
Tras conocer el contenido del dictamen de Estrasburgo, la ministra de Trabajo ha anunciado que convocará a empresarios y sindicatos para abordar los cambios que permitan ajustar la legislación laboral a los dictados que marca Estrasburgo y, sobre todo, a la hoja de ruta que abrieron los acuerdos de Gobierno entre el PSOE y Sumar. «La clave es que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis o de sectores de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie», concluyó la ministra, tras insistir en que los empresarios, en ningún caso, no contratan para despedir.
Y si Díaz tiene dudas, ahí queda la amenaza sindical: «Si el Gobierno no aplica esta recomendación con un cambio legislativo, allá ellos. A nosotros no nos importa tener que ir juzgado a juzgado, litigio a litigio, discutiendo todas estas cuestiones. Nuestros servicios jurídicos han hecho un trabajo a fondo para ello», dijo Álvarez.